Tres policías penitenciarios asignados al Centro Penitenciario “El Pozo I”, Ilama, Santa Bárbara, fueron detenidos por la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), cuando pretendían introducir 245,000 lempiras al recinto penitenciario,
Según informe de la FNCCP, los tres agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INP, ingresaron a las instalaciones a bordo de un vehículo tipo Microbús Coaster, asignados a dicho establecimiento y en el cual se transportaban los tres uniformados.
Al llegar a la aduana 2A, los agentes de la FNCCP procedieron a inspeccionar el vehículo encontrando una bolsa plástica color negro y al abrirla encontraron otra bolsa conteniendo varios fajos de dinero, papel higiénico y pasta dental.
De manera inmediata, se alertó al personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que procediera al conteo y embalaje del dinero, contabilizando 245,000 lempiras: 249 billetes de 500; 1,179 billetes de 100 y 52 billetes de 50.
Personal de la DPI trato de contactarse con el fiscal de turno de Santa Bárbara, pero el mismo no contesto las llamadas y así continuar el procedimiento en base a ley, por lo que los agentes fueron puestos a la orden del Ministerio Público hasta la mañana de hoy.
En ese sentido, las autoridades indicaron que realizarán las investigaciones del caso para determinar el origen y destinatario del dinero el cual supuestamente iba para los integrantes de una organización ilícita.
En menos de 24 horas, la FNCCP ha requerido a ocho (8) agentes penitenciarios: cinco en Moroceli, El Paraíso de los cuales dos fueron puestos a la orden del Ministerio Público al intentar introducir cinco granadas de fragmentación. Asimismo, se requirió a tres en “El Pozo I”, al tratar de introducir 245,000 lempiras.
Aplicarán acciones
Al respeto, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), indicaron que, a un lado de la acción penal, a los agentes se les aplicaran las acciones disciplinarias en base a la Ley del Sistema Penitenciario. Recordaron que en lo que va de 2019, ya suman más de 50 empleados cancelados de sus funciones por diferentes faltas y delitos.
Afirmaron, que no tolerarán acciones ilícitas por parte del personal operativo, administrativo, privados de libertad o familiares, ya que a todos se les aplicará la ley, según el delito que cometan, en este caso de Ilama, los agentes podrían ser acusados por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y facilitación de los medios del transporte para el lavado de activos. —LaTribuna.hn