A diez años de la promulgación de la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por la persistencia de graves deficiencias en la implementación del Sistema Nacional de Protección en Honduras.
En un pronunciamiento oficial, el organismo internacional instó al Estado hondureño a tomar medidas urgentes que permitan garantizar la seguridad de quienes ejercen la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión. La OACNUDH recordó que, aunque la aprobación de la ley en mayo de 2014 representó un paso importante en el reconocimiento de esta labor, el sistema sigue enfrentando retos estructurales que limitan su eficacia.
“El mecanismo, por sí solo, no es suficiente”, advirtió la oficina, señalando que muchas personas defensoras han tenido que acostumbrarse a vivir bajo medidas de protección permanentes, lo que refleja el ambiente de constante riesgo en el que desarrollan su labor.
Entre los problemas identificados, destacan la falta de presupuesto, debilidad en la coordinación institucional, escasez de personal especializado, alta rotación en los equipos técnicos y ausencia de procesos de formación adecuados para el personal involucrado.
La representante adjunta de OACNUDH, Bardia Jebeli, subrayó que la impunidad frente a los delitos cometidos contra defensores y periodistas sigue siendo una barrera crítica. “No hay consecuencias para quienes silencian estas voces, y eso alimenta el miedo y los ataques”, manifestó.
El organismo llamó a las autoridades hondureñas a diseñar e implementar una política integral de Estado que no solo responda a los hechos de violencia, sino que aborde las causas estructurales que generan el riesgo, y reconozca la labor fundamental de estas personas en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
OACNUDH concluyó su pronunciamiento reiterando que garantizar un entorno libre de amenazas y represalias para los defensores de derechos humanos es una obligación legal del Estado hondureño y un compromiso ineludible con la protección de la vida y la libertad.