La construcción del polémico centro penal en la Isla del Cisne enfrenta nuevos obstáculos, con la segunda licitación fallida confirmada por el comandante de la Policía Militar, Fernando Ramiro Muñoz. Pese a los fracasos anteriores, Muñoz ha anunciado que se lanzará una tercera licitación esta semana, reiterando que el proceso se repetirá cuantas veces sea necesario para completar el proyecto.
Muñoz justificó el fracaso de las licitaciones anteriores por el incumplimiento de un requisito fundamental: la presentación de garantías bancarias. Aseguró que algunas empresas internacionales han intentado presentar garantías de bancos extranjeros, algo que la Ley de Contratación del Estado no permite. “Es un requisito simple, pero muy significativo”, destacó Muñoz, subrayando que sin estas garantías, el proceso de licitación no puede avanzar.
El comandante también enfatizó la importancia de estas garantías para proteger al Estado contra el riesgo de abandono de obra por parte de las empresas contratistas. Sin embargo, la persistencia del gobierno en continuar con este proyecto a pesar de los desafíos y la oposición plantea serias preocupaciones.
El proyecto, que ha enfrentado críticas desde su anuncio debido a su impacto ambiental, sigue adelante a pesar de las advertencias de diversos sectores. La Isla del Cisne, con su rica biodiversidad y ecosistemas sensibles, ha sido objeto de protestas por parte de grupos ambientalistas que temen graves daños ecológicos si se lleva a cabo la construcción de la cárcel.
El comandante Muñoz afirmó que el proyecto es de suma importancia y debe ejecutarse conforme a la ley, pero esta determinación no ha mitigado las críticas sobre los posibles impactos ambientales. Las licitaciones anteriores han contado con la participación de tres empresas en la segunda ronda y dos en la primera, todas fallando en cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos.
A pesar de los desafíos y la creciente oposición, el gobierno persiste en su empeño por llevar a cabo el proyecto. La tercera licitación se lanzará en los próximos días, con la esperanza de que una empresa cumpla con todos los requisitos y pueda llevar a cabo la construcción del centro penal.
El rechazo y las preocupaciones sobre el impacto ambiental continúan creciendo, y la controversia sobre este proyecto subraya la necesidad de un debate más amplio sobre el equilibrio entre el desarrollo y la conservación ambiental en Honduras.