La llegada de un camión cargado con decenas de llantas frente al edificio del Registro Nacional de las Personas (RNP) ha desatado fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía, que no ve en el hecho una simple coincidencia, sino una clara señal de posibles acciones violentas vinculadas a sectores del oficialismo.
El incidente ocurre en un momento de alta tensión política, cuando colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) han intensificado sus movilizaciones frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Congreso Nacional, utilizando como herramienta recurrente la quema de llantas para ejercer presión. La escena, ampliamente difundida en redes sociales, ha generado indignación y sospechas fundadas: ¿se están preparando para incendiar nuevamente las calles del país?
Aunque el RNP intentó calmar los ánimos alegando que las llantas forman parte de un supuesto programa de reciclaje, la explicación resulta poco convincente para una población que ya ha sido testigo de tácticas similares en protestas anteriores. La cercanía entre el transporte del material y las convocatorias a movilización resulta, como mínimo, sospechosa. Para muchos, se trata de una estrategia deliberada para generar caos y sembrar miedo, aprovechando la cobertura de la institucionalidad para movilizar materiales que, históricamente, han sido utilizados con fines destructivos.
Las dudas se acrecientan por la falta de control y vigilancia sobre el destino real de las llantas. La versión oficial, lejos de tranquilizar, ha incrementado el malestar entre ciudadanos y analistas que denuncian la creciente instrumentalización de recursos públicos para favorecer la agenda de sectores radicalizados.
En este contexto, voces críticas han exigido que se investigue a fondo quién autorizó el transporte de este material, por qué se entregó en ese punto específico y cuál es el verdadero propósito. La cercanía del RNP con la crisis política que atraviesa el CNE añade un elemento más de inquietud a un país donde la protesta legítima parece estar siendo reemplazada por mecanismos de intimidación encubiertos.
Los hondureños tienen derecho a exigir respuestas claras y acciones concretas. El uso de tácticas oscuras, disfrazadas de reciclaje o programas municipales, no puede seguir normalizándose. La ciudadanía no debe ser cómplice del silencio ni de la manipulación. El país merece transparencia, no humo negro en las calles.