Pese a una resolución clara y unánime de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán que anuló por completo el proceso penal contra el periodista Esdras Amado López, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), bajo la dirección de Eduardo Antonio Turcios, continúa manteniendo activos los antecedentes policiales del comunicador, en abierto desacato a una decisión judicial firme.
La Corte resolvió el pasado 12 de junio que el allanamiento ejecutado el 25 de marzo en la vivienda de López fue ilegal por no contar con orden escrita de un juez ni configurarse ninguna circunstancia de flagrancia. En su fallo, el tribunal señaló que se violentaron derechos constitucionales fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, ordenando además la exclusión total de las pruebas obtenidas en ese operativo, la anulación de las medidas cautelares impuestas y el cierre definitivo del expediente penal.
Pese a ello, el historial policial de López no ha sido depurado por la DPI, lo que le impide acceder a documentación esencial para realizar trámites legales, profesionales y personales. Esta omisión deliberada representa no solo una desobediencia grave a una resolución judicial, sino también una forma de persecución institucional que prolonga el daño contra el periodista, incluso después de haber sido absuelto formalmente por la justicia.
Diversos juristas han advertido que la negativa del director de la DPI a cumplir con la orden de la Corte podría configurar el delito de abuso de autoridad y desacato, delitos penales por los que Turcios podría ser investigado. La situación adquiere mayor gravedad considerando que fue este mismo funcionario quien ordenó el operativo que derivó en la detención, encarcelamiento y denuncias de tortura contra López.
El caso de Esdras Amado López ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa, que ven en este incumplimiento un patrón de hostigamiento y represión contra voces críticas en el país. La persistencia de los antecedentes ilegales, pese a una sentencia que los declara nulos, constituye un atentado no solo contra la integridad del periodista, sino contra el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial.
El silencio de las autoridades responsables y la falta de acciones para restaurar plenamente los derechos de López profundizan la percepción de que las instituciones de seguridad actúan con impunidad, aún frente a fallos judiciales definitivos. La pregunta que queda en el aire: ¿Quién responde cuando el poder policial ignora a los tribunales?