El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) calificó como un hecho grave el incidente registrado este lunes en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se esperaba la recepción de ofertas para la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), según el cronograma oficial.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, lamentó que varios oferentes fueran impedidos de ingresar al proceso por grupos identificados como simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes bloquearon el acceso al edificio y solo permitieron la entrada a una empresa.
Castellanos advirtió que este tipo de actos no solo representan un grave retroceso democrático, sino que podrían configurarse como delito, según lo establecido en el artículo 544, numeral 19, del Código Penal, que sanciona las conductas que obstaculicen el desarrollo de las actividades del CNE.
«Estos actos violentan la Ley de Contratación del Estado, los principios constitucionales y la transparencia que debe regir los procesos electorales», sostuvo Castellanos, quien además hizo un llamado urgente al liderazgo del partido Libre para que eviten este tipo de acciones que atentan contra el orden institucional.
El CNA enfatizó que la transparencia en los procesos de licitación es fundamental para asegurar elecciones limpias, confiables y competitivas. Además, instó al Ministerio Público y a los cuerpos de seguridad a tomar medidas inmediatas y a dar seguimiento al caso conforme a la ley.
La situación ha generado preocupación tanto en sectores nacionales como en la comunidad internacional, que han pedido respeto a las normas y la creación de condiciones equitativas de participación de cara a los próximos comicios.
Por su parte, la presidenta del CNE, Cossette López, condenó el bloqueo con contundencia y afirmó que «han cruzado el límite de la desesperación. Impedir la entrega de ofertas para el servicio del TREP es un atentado directo al proceso electoral».
El incidente ha encendido las alarmas sobre la necesidad urgente de garantizar la legalidad y la transparencia en las etapas previas a las elecciones generales.