Mientras su gobierno enfrenta uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años, la presidenta Xiomara Castro insistió este viernes en defender su proyecto de “refundación” y aseguró que dicho proceso “no se mancha”, a pesar de las evidencias que comprometen a altos funcionarios y diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
En una ceremonia militar realizada en la Base Naval de Puerto Castilla, la mandataria optó por ignorar el tema central que ha sacudido al país: el desvío de fondos públicos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para financiar campañas políticas, entre ellas, la de su aliada y actual candidata presidencial, Rixi Moncada. El caso, conocido popularmente como el «cheque video», provocó la salida del ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, y mantiene bajo fuerte cuestionamiento a la diputada Isis Cuéllar, cercana a la familia presidencial.
Aunque Castro se limitó a decir que los fondos públicos deben estar protegidos por reglamentos anticorrupción, la propia Secretaría de Transparencia —institución que responde al Ejecutivo— confirmó que estos reglamentos han sido violados. A pesar de ello, la presidenta se limitó a solicitar al Congreso y a las instituciones de justicia que actúen con severidad, mientras sigue evitando enfrentar de forma directa a los responsables dentro de su círculo político más cercano.
“Este gobierno eliminó los corruptos fideicomisos creados por el régimen anterior y cancelamos la ley de las ZEDEs. Ahora todo se puede ver con transparencia”, dijo Castro, sin hacer referencia al uso partidario de recursos públicos en su administración ni al escándalo que ha dejado expuesta la estructura clientelista que opera desde el Congreso Nacional con la complicidad de altos funcionarios.
El discurso presidencial evitó responder por las denuncias concretas que vinculan el desvío de fondos de programas sociales a la campaña de Rixi Moncada, y tampoco abordó las múltiples acusaciones de corrupción que salpican al partido Libre, como el manejo irregular de becas estudiantiles y las gestiones opacas de recursos públicos en manos de diputados aliados al oficialismo.
En cambio, la mandataria dedicó parte de su discurso a atacar a los partidos Liberal y Nacional, a quienes responsabilizó de bloquear en el Congreso la aprobación de la Ley Tributaria, insistiendo en un argumento repetido para desviar la atención de los escándalos internos que hoy afectan su gobierno.
A pesar de los llamados de la sociedad civil y los informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) sobre presuntas violaciones a la transparencia, la presidenta sigue proyectando un discurso de combate a la corrupción que contrasta con la realidad de su administración, que, lejos de romper con las prácticas del pasado, parece haberlas perfeccionado a favor de sus estructuras políticas.
El caso SEDESOL no solo pone en evidencia el uso electoral de los recursos estatales en beneficio del oficialismo, sino que también expone el doble discurso del gobierno de Xiomara Castro, que exige sanciones pero protege a sus aliados. Mientras tanto, el llamado proceso de refundación sigue manchado por los actos de corrupción que la presidenta se empeña en negar.