Con el respaldo mayoritario del Partido Republicano, el Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves una nueva ley fiscal y presupuestaria que asigna miles de millones de dólares a reforzar las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
La legislación, que será firmada este viernes por el mandatario en la Casa Blanca, coincide con la celebración del Día de la Independencia y marca un hito en el financiamiento de acciones enfocadas en la seguridad fronteriza y el control migratorio.
Un fuerte impulso al control migratorio
La normativa establece un presupuesto de casi 170.000 millones de dólares a ejecutarse en los próximos cuatro años, de los cuales una parte significativa será utilizada para ampliar el muro fronterizo, aumentar la capacidad de los centros de detención y contratar más personal para las agencias de migración.
Entre las medidas aprobadas se incluye la contratación de más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como una inversión de más de 46.500 millones de dólares para continuar la construcción del muro en la frontera sur.
Aumento sin precedentes en detenciones
Organizaciones como el think tank CATO Institute advierten que la cantidad de personas detenidas por razones migratorias podría cuadruplicarse, pasando de 50.000 a más de 200.000 personas en los próximos años. El American Immigration Council (AIC) estima que esta expansión permitiría realizar hasta 116.000 arrestos diarios de migrantes, lo que podría generar un impacto severo en las comunidades y aumentar la presión sobre los servicios públicos locales.
Nancy Gupta, directora del AIC, alertó que este incremento en las detenciones masivas «socavará la seguridad pública» y creará escenarios caóticos en varias ciudades del país.
Impacto económico y restricciones fiscales
El Economic Policy Institute prevé que si el gobierno de Trump logra cumplir su meta de deportar un millón de personas al año, la economía estadounidense podría perder aproximadamente 6 millones de empleos, afectando tanto a migrantes como a trabajadores nacidos en Estados Unidos.
Además, la ley introduce nuevos impuestos y tarifas migratorias que afectarán directamente a las personas en procesos legales. Entre las nuevas disposiciones destacan:
- Un impuesto del 1 % a todas las remesas enviadas al extranjero, lo que impactará especialmente a las familias de migrantes en sus países de origen.
- La creación de una tarifa de 100 dólares para solicitar asilo, un trámite que hasta ahora era gratuito.
- El aumento a 550 dólares por el permiso de trabajo, con vigencia reducida a seis meses.
- El costo de apelar decisiones migratorias sube de 110 a 900 dólares.
- Un aumento a 500 dólares para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS).
También se restringe el acceso a beneficios fiscales como el crédito tributario por hijos para familias donde uno de los padres sea indocumentado, y se reducirán los fondos federales destinados a la atención médica para migrantes sin estatus legal a través de programas como Medicaid.
Críticas a la ley
Diversos sectores críticos califican este paquete de medidas como un gasto sin precedentes que profundiza la criminalización de la migración y acelera las deportaciones masivas.
Para muchos defensores de los derechos de los migrantes, esta ley representa no solo un endurecimiento histórico de las políticas migratorias, sino también una amenaza directa a las comunidades que contribuyen al crecimiento económico de Estados Unidos.