Las denuncias de corrupción siguen sacudiendo al gobierno de Xiomara Castro, luego que la Secretaría de Transparencia revelara serias irregularidades en el manejo de los fondos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recursos que habrían sido utilizados de forma deficiente y con posibles desvíos, incluyendo presuntamente para fines políticos vinculados a la campaña de la candidata presidencial oficialista Rixi Moncada.
El ministro de Transparencia, Sergio Vladimir Coello, en cadena nacional este viernes, presentó un informe solicitado por la propia presidenta Castro, en el que se confirma que el Fondo de Administración Solidaria, por un monto total de 950 millones de lempiras, presenta graves fallas administrativas y financieras. Este dinero, que debía beneficiar a comunidades vulnerables a través de obras sociales y becas, habría sido manejado con opacidad, sin controles adecuados y con procedimientos deficientes en la emisión de cheques, ejecución de proyectos y rendición de cuentas.
De acuerdo con versiones extraoficiales, parte de estos recursos habrían sido desviados para apoyar actividades proselitistas de Rixi Moncada, una de las aspirantes más cercanas al círculo de poder de la presidenta Castro, lo que amplifica las sospechas sobre el uso político de los fondos públicos y cuestiona la transparencia del proceso electoral que se avecina.
El ministro Coello anunció que equipos técnicos se desplazarán a distintas zonas del país para verificar si los proyectos supuestamente ejecutados realmente existen y si los beneficiarios recibieron la ayuda prometida. Sin embargo, este esfuerzo parece insuficiente ante la gravedad de los hallazgos y la creciente presión ciudadana para que los responsables enfrenten consecuencias legales.
Este nuevo escándalo pone en entredicho el discurso oficial del gobierno de combate frontal contra la corrupción y deja al descubierto la fragilidad institucional de Sedesol, así como la falta de controles efectivos en la administración de recursos públicos.
Las revelaciones no solo salpican a la administración actual, sino que también abren serias dudas sobre la integridad de la campaña política de Rixi Moncada, quien ha sido respaldada por el oficialismo y que ahora enfrenta cuestionamientos éticos por el posible financiamiento irregular.