El jefe de la Fiscalía Especial de Delitos Comunes, Ronny Matute, enfrenta serias acusaciones por presuntamente obstruir de manera deliberada la recuperación de un vehículo robado, actuando en complicidad con los responsables del ilícito. Según la denuncia, Matute habría utilizado su posición para encubrir a los autores del robo, incurriendo en un comportamiento negligente y claramente irregular.
De acuerdo con la información, el fiscal conoce tanto la ubicación del vehículo como las identidades de las personas que lo retienen de manera ilegal. A pesar de ello, Matute mantiene el expediente «engavetado» y ha frenado intencionalmente el proceso de recuperación, negando a la víctima el acceso a su propiedad. Su actitud ha sido calificada como un abuso de poder y una clara traición a los principios que debe resguardar como servidor público.
El comportamiento del fiscal ya está bajo investigación por parte de los órganos correspondientes, quienes evalúan posibles cargos por violación de los deberes de los funcionarios, asociación ilícita con estructuras criminales y prevaricato. Estos delitos podrían acarrear serias sanciones legales y disciplinarias para Matute.
En contraste, un caso reciente manejado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) muestra un actuar diligente y eficaz. En ese episodio, tras la denuncia de un ciudadano que localizó su automóvil robado en un autolote, la DPI intervino de inmediato y logró recuperar el vehículo sin trabas ni demoras burocráticas.
A diferencia de ese procedimiento ejemplar, el fiscal Matute, consultado sobre el caso que ahora lo compromete, respondió que la recuperación del automotor podría tardar «meses, meses y meses», una declaración que profundiza la sospecha de una intención de obstaculizar la justicia.
Este escándalo vuelve a poner en evidencia las prácticas de corrupción que, lamentablemente, aún persisten en algunos sectores del Ministerio Público, afectando gravemente la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.