El juez Plinio Consuegra calificó este jueves como un grave atentado a la independencia judicial la decisión de suspenderlo por 90 días, luego de haber otorgado arresto domiciliario al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, durante la audiencia inicial por el asesinato de Isis Obed Murillo, ocurrido en julio de 2009.
Consuegra aseguró que la medida disciplinaria impuesta por el Poder Judicial es arbitraria y adelantó que presentará una impugnación. «Tengo derecho a defenderme. No comparto la opinión de la Supervisión General de Tribunales ni de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando. Esta resolución es contraria a mis derechos fundamentales y vulnera el artículo 69 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege el derecho al trabajo», afirmó.
El juez cuestionó que, además de suspenderlo sin goce de sueldo, se le impida ejercer la abogacía de forma privada durante el tiempo que dure la sanción. «No me dan opción ni siquiera de trabajar para alimentar a mi familia», expresó.
Sobre la resolución que originó su sanción, Consuegra explicó que su decisión de imponer arresto domiciliario fue totalmente legal y basada en la facultad discrecional que le otorga el artículo 172 del Código Procesal Penal. «Se quiere hacer ver como un error cuando la ley claramente permite al juez determinar la medida cautelar adecuada. La prisión preventiva no es la única opción», subrayó.
El juez defendió que el arresto domiciliario otorgado a Vásquez y a los otros dos generales implicados en el caso fue una medida privativa de libertad y que, en su momento, quedó bajo custodia de la Policía Nacional. «Que Romeo Vásquez hoy esté prófugo es otra historia. En su momento, estaba bajo resguardo policial», enfatizó.
Consuegra reiteró que la presunción de inocencia debe prevalecer y que nadie puede ser tratado como culpable sin haber sido vencido en juicio. «Imponer medidas excesivas sin que haya una condena es violentar el debido proceso y los derechos fundamentales de cualquier ciudadano», puntualizó.
El caso ha generado debate sobre la presión que enfrentan los jueces en Honduras y la necesidad de garantizar la independencia de los operadores de justicia, especialmente en procesos de alto perfil.