La Escuela para Ciegos Luis Braille enfrenta una alarmante crisis financiera que amenaza con cerrar sus puertas, justo cuando el país se ve sacudido por denuncias de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se habría desviado dinero público para fines proselitistas vinculados a la campaña de Rixi Moncada.
Rubén Vásquez, director del centro educativo y persona con discapacidad visual, denunció que desde hace seis meses el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) no ha realizado las transferencias económicas comprometidas, dejando a la institución en una situación insostenible.
«Nos ponen mil excusas y no tienen ninguna justificación válida», reclamó Vásquez, quien explicó que el gobierno pretende culparlos de supuestas faltas de liquidación. «Tenemos los informes de auditoría y el finiquito en regla. Estamos al día y no hay razón para este bloqueo», aseguró.
El director también cuestionó el trato desigual por parte del gobierno. «A otras organizaciones no les ponen tantas trabas ni les piden auditorías como a nosotros. Parece que la discapacidad visual no es prioridad para esta administración», reprochó.
La deuda gubernamental supera los 600 mil lempiras, mientras la escuela lucha por mantenerse operativa mediante donaciones y actividades benéficas. Este centro atiende a unos 500 estudiantes con discapacidad visual, quienes dependen completamente de los servicios educativos y de apoyo que allí se ofrecen.
El temor crece entre los padres de familia. Marvin Pacheco, padre de uno de los alumnos, manifestó su preocupación ante la posible suspensión de actividades: «Si cierran este centro, ¿a dónde van a ir las personas no videntes? No hay otro lugar como este en la ciudad. Están condenando al olvido a toda una comunidad.»
El llamado urgente al gobierno es claro: cumplir con las obligaciones y garantizar la continuidad de una institución que ha sido fundamental para la inclusión y el desarrollo de las personas ciegas en San Pedro Sula.
La indignación crece al conocerse que, mientras se abandonan proyectos esenciales como la educación inclusiva, salen a la luz graves señalamientos de corrupción en SEDESOL, donde presuntamente se habrían utilizado fondos públicos para financiar la campaña política de Rixi Moncada. Esto deja en evidencia un uso irresponsable y cuestionable del dinero del pueblo, que hoy le está siendo negado a quienes más lo necesitan.