A pocos meses de las elecciones generales en Honduras, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó una contundente advertencia sobre las crecientes irregularidades y la falta de garantías en el actual proceso electoral. En un mensaje institucional, Castellanos aseguró que “la corrupción también vota”, al señalar múltiples deficiencias que, según ella, amenazan la transparencia y credibilidad de las próximas elecciones.
La directora del CNA criticó la falta de respuestas claras por parte de las autoridades encargadas de organizar el proceso electoral. A su juicio, lejos de disiparse, las dudas sobre la conducción del proceso han sido ignoradas o enfrentadas con tibieza por los entes responsables.
Una de las principales preocupaciones, explicó, es la distribución del Documento Nacional de Identificación (DNI) a los hondureños residentes en el extranjero. Castellanos denunció que no existen fechas definidas ni una logística adecuada para garantizar que más de 400 mil nuevos votantes en el exterior puedan ejercer su derecho. “En las elecciones de 2021, apenas 15 mil hondureños en el extranjero fueron habilitados para votar y solo 375 lo hicieron. Hoy hablamos de una cifra abismal, que requiere preparación seria y vigilancia ciudadana”, apuntó.
También criticó una propuesta que permitiría la entrega del DNI a través de terceras personas, una medida que calificó como riesgosa, especialmente en un año electoral. “No se pueden cambiar las reglas del juego en pleno proceso. Esto podría abrir puertas al fraude, sobre todo en el voto en el extranjero, donde los controles son débiles y la supervisión limitada”, enfatizó.
Castellanos cuestionó además la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando posibles conflictos de interés entre sus miembros. “Cuando los árbitros actúan como activistas políticos, la imparcialidad no solo se cuestiona, se pierde”, advirtió.
La directora del CNA también expresó su preocupación ante la intención de eliminar la verificación manual de las actas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). A su criterio, esta medida es un candado de seguridad esencial. “Eliminarlo no es modernización, es una vulnerabilidad calculada”, aseguró.
El mensaje de Castellanos se suma a un clima de creciente incertidumbre en Honduras, donde distintos sectores sociales y políticos han manifestado su preocupación por la falta de garantías para un proceso electoral transparente y confiable.