Un grupo de pacientes renales, acompañados por familiares, se manifestó este lunes frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud (Sesal) en Tegucigalpa, exigiendo mejoras en la atención médica y el respeto a su decisión de continuar recibiendo tratamiento en la clínica Diálisis de Honduras.
Durante la protesta, los afectados denunciaron que las autoridades sanitarias los están obligando a trasladarse a otra clínica, pese a que, según afirman, han recibido un buen trato y atención en el centro donde actualmente se dializan. “No tenemos el dinero para pagar lo que están pidiendo”, reclamó una paciente, en alusión a los costos que implicaría acudir a una clínica privada sin respaldo estatal.
Los manifestantes aseguran que no se oponen a recibir tratamiento en centros autorizados, pero demandan libertad de elección y que no se les imponga un cambio que consideran perjudicial para su salud y estabilidad emocional.
Por su parte, la ministra de Salud, Carla Paredes, explicó que el gobierno tiene un convenio con la empresa Nefrocentro, a la cual están derivando a los pacientes renales. “Si ustedes van a Diálisis de Honduras, les van a cobrar porque es una empresa privada, y es lógico. Pero no pretendan que nosotros paguemos esa factura”, manifestó la funcionaria.
Paredes defendió que, por primera vez, el Estado está asumiendo directamente la responsabilidad de brindar este tipo de tratamientos vitales, sin tercerizarlos por completo. “Antes el Estado no daba las diálisis, ahora tenemos la capacidad de ofrecer un servicio de calidad y con calidez”, dijo.
La ministra hizo un llamado a la población afectada a confiar en el nuevo modelo de atención estatal. “Nosotros somos los garantes de su salud. Déjennos cuidarlos. Ninguna empresa privada va a hacer eso como lo hace el Estado”, insistió.
Los pacientes, sin embargo, reiteraron su petición de mantener el servicio con Diálisis de Honduras, advirtiendo que seguirán luchando por lo que consideran un derecho a la atención digna, accesible y sin imposiciones.