Un informe presentado de forma conjunta por UNICEF, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ha puesto al descubierto una serie de preocupantes condiciones que enfrentan miles de niños, niñas y adolescentes que viven en los llamados Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAs) en Honduras.
El estudio, uno de los censos más amplios y detallados realizados hasta ahora, identificó 136 centros a nivel nacional, con una alta concentración en los departamentos de Francisco Morazán (29%) y Cortés (21%). En total, 3,961 menores vivían en estos espacios al momento del levantamiento, de los cuales el 56% eran niños y el 44% niñas.
Niñez sin identidad legal ni acceso a derechos
Uno de los datos más alarmantes revelados por el informe es que 131 menores no poseen Documento Nacional de Identidad (DNI), situación que les impide acceder a servicios básicos como salud, educación y protección jurídica. Esta omisión los deja en un estado de vulnerabilidad extrema, al margen de los mecanismos de protección del Estado.
Además, 608 menores fueron trasladados a estos centros por órdenes del Ministerio Público, como una medida de protección tras ser identificados como víctimas en investigaciones relacionadas con violencia y abuso. Esto refuerza el papel dual de los IRCAs, que además de brindar alojamiento, funcionan como receptores de casos judicializados.
Servicios limitados y desigualdad en la atención
Aunque un 78% de los IRCAs es financiado con fondos privados y 63% recibe cooperación internacional, el acceso a servicios esenciales sigue siendo precario. El informe detalla que solo el 7% de los centros brinda atención psicosocial, fundamental para la recuperación emocional de niños que han sido víctimas de violencia.
Mientras tanto, un 79% ofrece educación religiosa y el 57% atención médica, pero en la mayoría de los casos la educación se brinda dentro del mismo centro, restringiendo el contacto con el entorno social y limitando el desarrollo de habilidades de integración comunitaria. La ausencia de formación técnica y profesional también reduce las oportunidades de autonomía en la vida adulta.
Riesgos de abuso y falta de supervisión
El informe también subraya serias falencias en la regulación y control de los IRCAs. Un 12% de estos centros no cuenta con personería jurídica, el 20% no está registrado ante la Dirección de Registro y Regulación de las Asociaciones Civiles (DIRRSAC), y el 25% no tiene constancia de su junta directiva.
Aún más preocupantes son las condiciones que favorecen el abuso y la explotación sexual, debido a la inadecuada distribución de baños y habitaciones, la presencia nocturna de voluntarios o personal en el 93% de los centros y el hecho de que, en casi la mitad de los casos, estos adultos comparten dormitorios con los menores.
De los centros que afirmaron tener políticas de protección infantil, solo el 12% incluye un código de conducta claro y protocolos de denuncia efectivos, lo que evidencia una débil infraestructura para prevenir o responder a situaciones de riesgo.
Llamado urgente a reformar el sistema
Ante este escenario, las tres instituciones responsables del informe hacen un llamado urgente a transformar el sistema de atención institucional, señalando que la institucionalización debe ser siempre el último recurso. Destacan la necesidad de revisar la normativa vigente, fortalecer la supervisión estatal y garantizar un uso transparente y eficaz de los recursos, tanto públicos como privados.
El informe concluye que el modelo actual presenta graves deficiencias estructurales y pone en riesgo la vida, salud y bienestar de los niños, por lo que urge una reforma integral que garantice el respeto y cumplimiento del interés superior del niño, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.