El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) emitió este miércoles una seria advertencia sobre el escenario electoral que se avecina en Honduras, señalando múltiples amenazas que podrían afectar la transparencia, legitimidad y estabilidad del proceso programado para el 30 de noviembre.
Durante la presentación de su informe «Lecciones y Aprendizajes del Proceso Electoral Primario y los Riesgos para las Elecciones Generales de Noviembre en Honduras», el organismo alertó que los problemas detectados en las elecciones primarias de marzo no solo persisten, sino que se han agudizado.
Basado en una observación técnica y el seguimiento de estándares internacionales en derechos humanos, el informe identifica diez riesgos clave, clasificados en cinco grandes áreas: institucionales, logísticos, de gobernanza, de seguridad y de transparencia.
Entre los principales señalamientos se destacan:
- Retraso en la aprobación del presupuesto electoral, lo que obstaculiza contrataciones estratégicas como el sistema de transmisión de resultados (TREP) y la auditoría externa.
- Deficiente formación técnica de custodios informáticos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), especialmente en zonas rurales con escasa conectividad.
- Vacíos normativos por la falta de reglamentos técnicos y protocolos, abriendo paso a decisiones discrecionales y disputas entre actores políticos.
- Fallas logísticas en la entrega de material electoral, como las vividas el 9 de marzo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que causaron retrasos de más de 12 horas.
- Divisiones internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), renuncias de personal clave y pérdida de credibilidad institucional.
- Falta de transparencia en contrataciones públicas, con casos bajo investigación, como un presunto fraude que supera los 64 millones de lempiras.
- Escasa rendición de cuentas en el financiamiento político, sin sanciones efectivas y con obstáculos para acceder a la información de los aportes.
- Uso político de comisiones legislativas, con acusaciones de falta de garantías de debido proceso.
- Posible injerencia del sistema judicial, lo que podría afectar el funcionamiento del CNE.
- Aumento de la violencia electoral, con al menos 15 hechos violentos documentados, entre asesinatos, atentados y amenazas.
“El país enfrenta una coyuntura crítica. Si no se toman medidas urgentes, el proceso electoral podría desarrollarse en un ambiente de desconfianza, improvisación y riesgo de desestabilización”, advierte el informe.
Ante este panorama, el CESPAD propone una serie de recomendaciones inmediatas, entre ellas:
- Alcanzar un acuerdo mínimo entre fuerzas políticas que garantice elecciones íntegras.
- Aprobar de forma urgente el presupuesto electoral y ejecutar el cronograma técnico sin demoras.
- Publicar de inmediato los reglamentos técnicos y protocolos pendientes, involucrando a los partidos, observadores y ciudadanía.
- Asegurar la transparencia en las contrataciones públicas y permitir auditoría social sin restricciones.
- Fortalecer el control del financiamiento político y garantizar el acceso público a los datos sobre aportes económicos.
- Aplicar medidas eficaces para prevenir la violencia electoral y proteger a todos los actores involucrados en el proceso.
El informe concluye con una seria advertencia: si no se toman decisiones correctivas inmediatas, Honduras podría enfrentar unas elecciones con severas fallas de credibilidad, lo que aumentaría el riesgo de una nueva crisis política y de gobernabilidad con profundas repercusiones para la democracia.