Autoridades destruyen módulos de lujo en cárcel de Támara y anuncian despido de 22 funcionarios

El coordinador del Sistema Penitenciario de Honduras, general Ramiro Muñoz, confirmó este lunes el desmantelamiento de varios módulos con condiciones de lujo dentro del centro penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, y anunció el despido inminente de al menos 22 empleados penitenciarios por su presunta complicidad o negligencia.

Según explicó el funcionario, durante una inspección se detectaron áreas exclusivas donde solo permanecían cinco reclusos en espacios diseñados para albergar hasta 40 personas. Estos espacios contaban con comodidades que contrastan radicalmente con el hacinamiento generalizado del sistema carcelario, donde actualmente hay más de 20 mil privados de libertad en centros con capacidad para apenas 8 mil.

«Estas personas cumplían su condena en mejores condiciones que muchos ciudadanos fuera de prisión», denunció Muñoz, al describir los lujosos ambientes que incluían baños privados, recámaras amplias, televisores y estructuras de bloque y cemento cuidadosamente diseñadas.

El coordinador penitenciario no especificó cuántos módulos fueron destruidos, pero aseguró que todos han sido eliminados como parte de una estrategia de reorganización del sistema penitenciario. Los reclusos que ocupaban esos espacios, entre ellos algunos extraditables, ya fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad.

Muñoz subrayó que estas irregularidades no habrían sido posibles sin la permisividad —e incluso la complicidad— de algunos funcionarios. Por ello, anunció que en las próximas dos semanas serán separados de sus cargos al menos 22 empleados del sistema penitenciario.

“Mientras la mayoría de los privados de libertad enfrenta condiciones de hacinamiento, unos pocos gozaban de privilegios indebidos. Esa desigualdad debe terminar”, sentenció el general.

Como parte de la reestructuración carcelaria, también se han cerrado centros penitenciarios en zonas urbanas como Trujillo y La Esperanza, Intibucá, con el objetivo de disminuir los riesgos para la población y fortalecer el control en los recintos restantes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir con los traslados hacia cárceles de máxima seguridad, como ya ocurrió con más de seis mil reos en meses recientes, en un esfuerzo por recuperar el orden y combatir la corrupción dentro del sistema penitenciario.

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