Al menos 15 fiscales han dejado el Ministerio Público en medio de tensiones internas y reestructuraciones

En los últimos cinco meses, al menos 15 fiscales han abandonado sus cargos en el Ministerio Público (MP) por diversas razones, según confirmó el portavoz de la institución, Yuri Mora. Las causas van desde jubilaciones hasta renuncias voluntarias por problemas de salud o nuevas ofertas en el sector privado.

Mora aseguró que este tipo de rotación es común dentro de la estructura de la Fiscalía, la cual está conformada por unos 900 fiscales a nivel nacional. “Esto ocurre todos los años. Hay fiscales que, por motivos personales o profesionales, optan por dejar la institución”, manifestó.

El vocero del MP también aclaró que durante la gestión actual del fiscal general Johel Zelaya, solo tres empleados han sido despedidos, de una plantilla que supera los 3 mil trabajadores. Uno de los casos, según detalló, se relaciona con expresiones ofensivas hacia el titular del Ministerio Público, realizadas a través de redes sociales.

No obstante, fuentes internas han señalado que no todas las salidas obedecen a razones ordinarias. De acuerdo con versiones extraoficiales, algunos de los fiscales que decidieron dar un paso al costado lo hicieron en desacuerdo con ciertas medidas adoptadas por la administración de Zelaya, como los cambios en los turnos de trabajo, reubicaciones a sedes regionales, modificaciones en las fechas de pago de salarios y la eliminación o retraso en el pago de viáticos. Estas decisiones han sido interpretadas por varios empleados como una forma de debilitamiento a la carrera fiscal.

En paralelo, el fiscal general Johel Zelaya ha denunciado que se encuentran en curso investigaciones por filtración de información relacionada con casos sensibles que se manejan dentro del MP, lo que ha intensificado la tensión interna.

Mientras tanto, la institución asegura que mantiene sus operaciones con normalidad, aunque sectores de la sociedad civil exigen mayor transparencia en los procesos internos y el fortalecimiento del recurso humano que investiga los delitos en el país.

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