El Ministerio Público informó este lunes sobre la presentación de tres requerimientos fiscales por distintos casos de corrupción, mal manejo de recursos públicos y lavado de activos, que involucran a exfuncionarios estatales, empresarios y ciudadanos extranjeros.
El primer requerimiento se dirige contra el exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Alberto González, a quien se acusa del delito de violación de los deberes de los funcionarios. Junto a él, también están implicados los exfuncionarios Alan Orlando Carranza, Enoc Eusebio Reyes Ortega y Javier Enrique Caballero Velásquez. Según la investigación, los acusados gestionaron de forma ilegal la devolución de bienes incautados durante la «Operación Magnate» en 2022, entre ellos una vivienda en la exclusiva zona de Merendón Hills, cuatro vehículos y una empresa en San Pedro Sula.
El segundo requerimiento fiscal apunta a un fraude millonario relacionado con un fideicomiso de construcción. Entre los acusados se encuentra Julio César Maldonado Hernández, representante de una empresa constructora, por los delitos de fraude y lavado de activos. También figuran José Rubén Álvarez, presidente de una cooperativa, por fraude, y los exfuncionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes, por violación de los deberes de los funcionarios. Se les vincula con el mal uso de fondos destinados a construir el mercado «Las Acacias» en Juticalpa, una obra que nunca se realizó. El perjuicio económico a Banadesa supera los 2.8 millones de lempiras.
Finalmente, el tercer caso involucra a los ciudadanos guatemaltecos Pablo Andrés Barillas Rascón y Marisol Figueroa López de Barillas, señalados por el delito de lavado de activos. Las autoridades los acusan de sustraer de forma irregular 9.7 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre 2010 y 2014, utilizando empresas de fachada sin ningún vínculo contractual con la institución. Como parte de las acciones legales, el Ministerio Público aseguró dos sociedades mercantiles y cuatro cuentas bancarias en Tegucigalpa.