A menos de un año del lanzamiento de la Estrategia Cero Deforestación con el objetivo de erradicar la tala ilegal en Honduras para el 2029, los avances son limitados. De las 18 acciones que conforman el plan, solo cinco han sido ejecutadas con éxito, según un informe presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Tegucigalpa.
La evaluación, que fue parte de las actividades conmemorativas del Día de la Tierra, resalta la urgente necesidad de revisar y fortalecer la estrategia para que sea más efectiva en la protección de los recursos forestales del país. Esta evaluación se enmarca dentro del programa de Gobernanza Climática de ASJ, respaldado por Transparencia Internacional y Waverley Street Foundation.
En los últimos diez años, Honduras ha experimentado un alarmante incremento del 114.64 % en los incendios forestales, una pérdida de más de 512 mil hectáreas de bosques debido a plagas y una continua disminución de su biodiversidad. Ante esta situación, el gobierno anunció una inversión de 19 mil millones de lempiras para la conservación de ecosistemas clave como las selvas de Olancho, la Mosquitia y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.
Sin embargo, los avances son lentos. Según el informe de ASJ, de las 18 acciones contempladas en la estrategia, 13 aún están pendientes de implementación, cinco se encuentran en proceso, y ocho no han mostrado avances significativos. Entre las tareas no cumplidas se encuentran medidas cruciales, como la cancelación de títulos de propiedad ilegales en áreas forestales, la regulación de permisos municipales otorgados de forma irregular para la explotación de recursos naturales, y el fortalecimiento de los batallones de protección ambiental, que debería aumentar hasta 8 mil efectivos.
Aunque se ha logrado la designación de jueces ambientales, el informe subraya que persisten serias deficiencias logísticas y de presupuesto que impiden la efectividad en el tratamiento de los casos relacionados con delitos ambientales.
El análisis también señala que no ha habido avances en la implementación de sistemas de incentivos para la conservación, y se desconoce si estos corresponderán a los mecanismos establecidos en la Ley Forestal o si se tratarán de nuevos programas. La falta de mecanismos de verificación por parte de las instituciones responsables ha dificultado medir de manera objetiva los avances de la estrategia.
A nivel presupuestario, el informe resalta que el presupuesto general para los años 2024 y 2025 no ha asignado recursos específicos para la implementación de la Estrategia Cero Deforestación. En 2024 no se asignaron los mil millones de lempiras prometidos, y el destino de los 2 mil millones anunciados para 2025 sigue siendo incierto.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la debilidad institucional que enfrenta el país en la persecución de delitos ambientales. Las fiscalías y los juzgados especializados carecen de recursos humanos y materiales para actuar de manera eficiente, lo que contribuye a que, en 2024, el 94% de los delitos ambientales no sean sancionados. Un ejemplo claro de esto es el asesinato del líder ambiental Juan López en septiembre de 2024, cuyo caso sigue sin esclarecerse.
Ante estos resultados, la ASJ ha instado al Estado a replantear la Estrategia Cero Deforestación, proponiendo una mayor coordinación interinstitucional, una asignación adecuada de recursos financieros y humanos, y el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la organización ha señalado la importancia de priorizar la prevención de incendios forestales, fomentar prácticas agrícolas sostenibles y mejorar el marco legal para combatir los crímenes ambientales. La participación activa de las comunidades locales en la gestión sostenible de los bosques también ha sido mencionada como una necesidad urgente.