El último informe antidroga del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en marzo de 2024, subraya la necesidad urgente de Honduras de reforzar sus esfuerzos para frenar el avance del narcotráfico, especialmente en las zonas del país donde el crimen organizado sigue operando sin control. El informe resalta que los narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales continúan aprovechando regiones “sin ley” como los departamentos de Colón y Gracias a Dios, donde la presencia del Estado sigue siendo limitada.
A pesar de los esfuerzos del gobierno hondureño, el informe señala que las operaciones antidrogas siguen teniendo un impacto limitado en la reducción del narcotráfico. Aunque las autoridades han intensificado sus acciones, el narcotráfico sigue siendo una actividad predominante en el país, con estimaciones que sugieren que entre 80 y 120 toneladas de cocaína son transportadas anualmente a través de Honduras hacia los Estados Unidos.
Uno de los mayores desafíos mencionados es la corrupción, que sigue siendo un obstáculo importante para la efectividad de las políticas de lucha contra las drogas. El informe detalla que la impunidad prevalece en el sistema de justicia, lo que reduce los riesgos para los narcotraficantes y dificulta el enjuiciamiento de los responsables. En este contexto, se hace mención de la remoción sorpresiva de un juez clave en el manejo de casos de crimen organizado, lo que ha generado preocupación dentro del país.
Además, el documento hace referencia a la situación de inseguridad e incertidumbre política en Honduras, lo que ha permitido que las organizaciones criminales operen con impunidad.
Se señala que el estado de excepción, implementado en 2022 para enfrentar la extorsión, ha desviado recursos cruciales que podrían haberse destinado a la lucha antidrogas, afectando la coordinación de las fuerzas de seguridad y limitando su capacidad de intervención.
El informe también aborda la creciente amenaza de las drogas sintéticas en el país. Se alerta sobre el aumento en el uso de estas sustancias, que representan un desafío adicional para las autoridades, ya que los precursores químicos de la cocaína siguen siendo un problema difícil de abordar.
En cuanto a los avances en la lucha contra el narcotráfico, el informe destaca la creación de varias iniciativas y coaliciones para combatir el crimen organizado, como el Centro Conjunto de Operaciones e Investigación (CCOI), que busca coordinar la respuesta estatal al tráfico ilícito. Sin embargo, se señala que los recursos limitados y la falta de voluntad política han impedido que este mecanismo funcione de manera efectiva.
Otro punto crítico señalado en el informe es la falta de información pública sobre el consumo de drogas, lo que dificulta la formulación de políticas públicas adecuadas para prevenir el uso de sustancias. Aunque el gobierno ha comenzado a tomar medidas, como la implementación de programas educativos para combatir las pandillas y el microtráfico, los resultados siguen siendo insuficientes.
El informe también menciona la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en temas de extradición, señalando que la denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tensado las relaciones bilaterales, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. A pesar de esto, las autoridades hondureñas continúan trabajando con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, aunque sin un acuerdo formal en cuanto a la extradición de sospechosos.
En conclusión, el Departamento de Estado de EE.UU. insta al gobierno de Honduras a intensificar sus esfuerzos para cerrar las brechas de seguridad en las zonas más vulnerables, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la lucha antidrogas, y tomar medidas más contundentes contra la corrupción. El informe hace un llamado a fortalecer las capacidades de investigación y el intercambio de información para contrarrestar de manera más efectiva las actividades de los narcotraficantes y organizaciones criminales en el país.
