El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, admitió este lunes que uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema penitenciario del país es la lucha interna contra las prácticas ilícitas, tanto dentro como fuera de los muros de las cárceles. Muñoz destacó que las bandas criminales han perfeccionado métodos para vulnerar la seguridad de los centros penitenciarios, lo que complica enormemente el trabajo de las autoridades.
En sus declaraciones, Muñoz subrayó que uno de los principales problemas radica en el personal penitenciario, que a veces se ve involucrado en actividades ilícitas. “Los miembros de maras y pandillas buscan constantemente formas de burlar a las autoridades, y en algunos casos, intentan corromper a los agentes penitenciarios con grandes sumas de dinero para introducir artículos prohibidos como armas, drogas y teléfonos celulares”, señaló el director del INP. Según Muñoz, los controles implementados han sido efectivos para evitar el ingreso de estos elementos ilícitos, pero aún persiste la lucha contra la corrupción dentro del sistema.
Muñoz también mencionó que el bajo salario de los agentes penitenciarios, que actualmente ganan alrededor de 17,000 lempiras, hace que algunos de ellos sean susceptibles a ofertas tentadoras de hasta 300,000 lempiras por permitir el ingreso de objetos prohibidos. “Es una batalla constante, porque quienes facilitan el ingreso de lo ilícito dentro de las cárceles suelen ser nuestros propios compañeros”, expresó.
El director del INP agregó que más de una veintena de agentes penitenciarios han sido arrestados y privados de libertad por su vinculación con actividades delictivas dentro de los centros penales.
Reorganización y Separación de Delincuentes en Cárceles de Máxima Seguridad
En un esfuerzo por mejorar la seguridad y control dentro de los centros penitenciarios, Muñoz también destacó que se están implementando nuevas medidas para separar a los distintos grupos delictivos según el tipo de delito cometido. A través de una reunión con defensores de derechos humanos, se socializó un plan de reorganización que contempla la segregación de los reclusos en las cárceles de máxima seguridad.
“Las medidas incluyen la creación de áreas específicas para distintos grupos de delincuentes. Por ejemplo, las maras y pandillas serán aisladas de los reclusos acusados de narcotráfico. Los extorsionadores y violadores también tendrán espacios separados, con el fin de reducir las tensiones y mejorar el control interno”, explicó Muñoz.
Además, mencionó que uno de los cambios más significativos es la construcción de nuevas instalaciones en la cárcel de Ilama, donde se concentrarán los narcotraficantes. Esta reorganización tiene como objetivo garantizar una distribución más ordenada y segura de los reclusos, con el fin de evitar enfrentamientos entre grupos criminales dentro de las cárceles.
Estas medidas están siendo socializadas con las organizaciones defensoras de derechos humanos para asegurar que se cumplan los estándares internacionales en cuanto al trato y condiciones de los privados de libertad. La implementación de estas estrategias busca, además, reducir el poder de las pandillas y otras organizaciones criminales que operan desde dentro de las cárceles y, a su vez, mejorar las condiciones de seguridad para los empleados penitenciarios y la población en general.
Muñoz concluyó resaltando la importancia de continuar trabajando en conjunto con las instituciones y la sociedad civil para enfrentar los desafíos que presenta el sistema penitenciario y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.