El sistema de salud pública en Honduras cumple ya diez días sumido en una profunda crisis, luego de que el Colegio Médico de Honduras (CMH) convocara a asambleas informativas a partir del 1 de abril. La medida, adoptada a nivel nacional, ha provocado la suspensión de consultas externas y especializadas en los principales hospitales y centros asistenciales del país.
El conflicto se originó por el atraso en el pago de salarios a médicos y profesionales de la salud. Según denuncias del gremio, hay trabajadores a quienes no se les ha pagado durante todo el año, acumulando hasta cuatro meses sin percibir sus ingresos. Aunque la Secretaría de Salud (Sesal) ha comenzado a abonar sueldos a ciertos grupos, el CMH ha dejado claro que las protestas seguirán hasta que todos los afectados reciban lo que se les adeuda.
El lunes 7 de abril, autoridades de la Sesal convocaron a una mesa de diálogo con los representantes del gremio médico, pero el encuentro finalizó sin avances concretos. La falta de acuerdos ha generado un ambiente de incertidumbre, no solo en los hospitales, sino también en la sociedad hondureña, que ha comenzado a manifestar su descontento.
Al principio, la población mostró comprensión hacia la causa de los médicos. No obstante, tras varios días sin recibir atención médica, sin acceso a medicamentos y con procedimientos quirúrgicos y citas reprogramadas o suspendidas, la paciencia comienza a agotarse. “Las enfermedades no esperan por luchas gremiales”, expresó una ciudadana que llevaba horas intentando ser atendida en un centro asistencial capitalino.
A la protesta se han sumado los odontólogos, quienes reclaman un aumento a su salario base. También se prevé que otros sectores del personal de salud, como las enfermeras, se adhieran a las medidas, ya que enfrentan similares problemas de impago.
Mientras la lucha gremial continúa, las consecuencias para los usuarios del sistema de salud se agravan. Cirugías aplazadas, tratamientos interrumpidos y la angustia de pacientes crónicos son el reflejo de una crisis sanitaria que, de prolongarse, podría cobrar un alto precio.
La situación exige soluciones urgentes. Mientras tanto, la población sigue siendo la mayor perjudicada por un conflicto que, aunque legítimo en sus demandas, amenaza con profundizar la ya frágil salud pública del país.