La jueza de Letras Penal de Francisco Morazán, Lesly Cruz Zepeda, emitió una orden para realizar un vaciado telefónico a la fiscal Melissa Lagos López, en el marco de una investigación que busca esclarecer las coordinaciones previas al allanamiento de la vivienda del periodista Esdras Amado López. La decisión, tomada este martes, tiene como objetivo determinar las horas y los detalles de las comunicaciones entre la fiscal, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, el director de la Policía Nacional y un juez competente, durante la planificación del operativo y la orden de captura contra el comunicador.
Esdras Amado López ha calificado la acción como un acto ilegal, asegurando que el allanamiento de su vivienda y su posterior detención fueron coordinados de manera irregular por parte del Ministerio Público. Según el periodista, la orden de vaciado telefónico podría revelar las inconsistencias y posibles irregularidades que rodearon el proceso judicial. En sus declaraciones, López expresó que en las próximas horas se confirmará la ilegalidad del operativo, que incluyó su exhibición pública en las calles de Comayagüela y Tegucigalpa.
El periodista también cuestionó el comportamiento de la fiscal Lagos, señalando que su presencia grabando un video durante el allanamiento representa un «vicio de nulidad» en el procedimiento. López destacó que la fiscal no firmó el acta del allanamiento, lo cual, según su opinión, pone en duda la legitimidad del proceso, y subrayó que la fiscal buscó demostrar su presencia al lado de los camarógrafos que filmaron el evento.
En su defensa, López también acusó a varios actores del sistema judicial, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y ciertos jueces, de estar conspirando contra la libertad de prensa en Honduras. Como ejemplo, citó un caso reciente en el que un juez está a punto de ser destituido debido a su vinculación con el caso de Romeo Vázquez Velázquez.
El comunicador también exigió que, de ser necesario, se cite a declarar al secretario de Seguridad, al director de la Policía Nacional y al director de Servicios Especiales de Seguridad, este último encargado de su protección personal bajo mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). López concluyó sus declaraciones afirmando que demostrará cómo el sistema judicial está conspirando contra la prensa en Honduras.
Por su parte, el abogado penalista Jaime Rodríguez explicó que la ampliación de una pericia, como el vaciado telefónico, es una práctica permitida por el Código Procesal Penal de Honduras. Rodríguez señaló que es habitual que las partes soliciten pruebas adicionales, sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que los jueces puedan convalidar errores o actuaciones malintencionadas del Ministerio Público. «Cada caso debe analizarse según su contexto y el expediente involucrado», señaló el abogado.