El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, informó este lunes sobre las investigaciones en curso tras la intervención de las instalaciones de la OABI por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Esta acción responde a las denuncias de exfuncionarios que, presuntamente, se adueñaron de bienes incautados de manera irregular.
Zelaya explicó que, en coordinación con la ATIC, se están concluyendo varias líneas de investigación. «Es fundamental que trabajemos de manera conjunta para entregar toda la documentación necesaria y concluir con las indagaciones en los próximos días», declaró el director de la OABI.
La intervención de la ATIC es el resultado de denuncias presentadas por Zelaya, quien ha señalado diversas irregularidades cometidas por administraciones pasadas. Lamentó que estructuras criminales se hayan infiltrado en la OABI, aprovechando su cargo para apoderarse de bienes que no les correspondían. «Cuando asumí la dirección de la OABI, ordené realizar un inventario completo y certificar al personal para asegurar que todo estuviera bajo control», comentó Zelaya.
El director también reveló que, durante su gestión, se logró ubicar y documentar todos los bienes incautados, y aseguró que se entregará un informe detallado al nuevo gobierno. A pesar de ello, reconoció que aún existen bienes que no figuran en las listas de aseguramientos y que estaban bajo la administración de la OABI sin justificación.
«Estamos llevando un registro exhaustivo de todas las acciones que estamos tomando para evitar cualquier tipo de responsabilidad futura», garantizó Zelaya, quien destacó que los problemas actuales de la OABI se originan en administraciones anteriores, particularmente cuando la institución estaba bajo el control del Ministerio Público, donde su manejo fue considerado deficiente.
Por último, el director de la OABI anunció que está trabajando en una propuesta para la creación de un Instituto Nacional de Bienes Incautados, una entidad que, según su visión, tendría un marco de acción más robusto, mayor independencia y más potestades para asegurar una gestión más eficiente de los bienes incautados.