El portavoz del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Rodolfo Isaula, confirmó el despliegue de una unidad élite de la institución hacia las instalaciones del Estado Mayor Conjunto para llevar a cabo una investigación sobre las anomalías detectadas en el proceso electoral primario realizado el pasado 9 de marzo de 2025. La investigación se centrará en el manejo de los fondos destinados a los comicios y las irregularidades observadas durante el desarrollo de la jornada electoral.
Isaula precisó que, tal como se había anunciado durante el día de las elecciones, el TSC ha comenzado una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos públicos en el proceso electoral. «Si se identifican irregularidades, se tomarán acciones para deducir responsabilidades civiles y administrativas. Además, si existen indicios de responsabilidad penal, el informe será enviado al Ministerio Público», advirtió el portavoz.
La unidad élite encargada de la investigación está conformada por auditores especializados en áreas clave, quienes ya han solicitado una reunión con las autoridades del Estado Mayor Conjunto. Esta reunión, según Isaula, es esencial para obtener acceso inmediato a la información necesaria y para garantizar que la investigación avance de manera rápida y eficiente.
Uno de los principales focos de la investigación es esclarecer las causas que provocaron el retraso en la distribución del material electoral a los centros de votación, lo que generó controversia y denuncias el día de las elecciones. Además, el TSC analizará cómo se gestionaron los fondos destinados a los comicios y revisará la legalidad de los contratos firmados en el marco del proceso electoral.
Isaula subrayó que el TSC está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, y afirmó que, una vez concluida la investigación, se presentará un informe detallado a la ciudadanía. «Este informe explicará con claridad lo sucedido y las acciones que se tomarán en base a los hallazgos», aseguró.
Con esta intervención, el TSC refuerza los mecanismos de fiscalización y control sobre los recursos públicos utilizados en los procesos electorales, con el objetivo de garantizar la confianza en las instituciones y el respeto a la voluntad popular.