El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, se presentó esta tarde ante fiscales del Ministerio Público (MP) como «persona de interés» en el marco de la investigación sobre las irregularidades que empañaron las elecciones primarias del pasado 9 de marzo de 2025. La investigación está centrada en el papel de la institución castrense durante el proceso electoral, que se vio marcado por retrasos y anomalías en varios centros de votación.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que el general Hernández está siendo interrogado como parte de una serie de diligencias que buscan esclarecer lo sucedido durante las elecciones. «Este es un proceso en curso, y tomaremos las declaraciones necesarias para entender el alcance de los hechos», señaló Mora, añadiendo que pronto se tomarán testimonios de otras personas relacionadas con los eventos ocurridos.
Por su parte, el fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, aseguró que el MP llevará a cabo una investigación exhaustiva. “Estamos comprometidos con llegar hasta las últimas consecuencias. Si alguien es culpable, el MP no dudará en hacer justicia”, remarcó Zelaya, quien reiteró su compromiso de investigar con rigor cualquier irregularidad que haya ocurrido durante las elecciones.
Uno de los principales focos de la investigación es el retraso en la llegada de las maletas electorales a centros de votación clave, como los ubicados en el Distrito Central y San Pedro Sula, dos de las ciudades con mayor concentración de votantes. La falta de material electoral a tiempo generó que muchos centros no pudieran abrir a la hora prevista, lo que desató protestas y denuncias por parte de la ciudadanía.
A raíz de estos retrasos, el MP desplegó un equipo especial de fiscales a nivel nacional, manteniéndose en máxima alerta para investigar las posibles irregularidades que afectaron el proceso electoral. El fiscal general destacó que, además del retraso en el material electoral, se investigará cualquier otro acto que haya perjudicado la transparencia y eficacia del proceso.
Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por lo sucedido y han solicitado una investigación profunda que aclare si hubo un intento deliberado de manipular o afectar el curso de las elecciones. La atención está ahora centrada en los avances de la investigación y en las posibles responsabilidades que surjan de los hechos ocurridos.
La expectativa está alta, y los hondureños esperan que la justicia actúe con firmeza para asegurar que los responsables sean identificados y, en su caso, castigados.