Este 2025, al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Honduras enfrenta una alarmante realidad: un aumento en los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. Bajo el mandato de la primera presidenta del país, Xiomara Castro, la situación ha empeorado, con 231 mujeres asesinadas en 2024 y al menos 48 en lo que va de 2025. En medio de este panorama, los feminicidios siguen siendo en gran parte ignorados por un sistema de justicia incapaz de ofrecer protección a las mujeres, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso real del gobierno con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista.
Los informes de activistas y organizaciones de derechos humanos en toda la región reflejan una tendencia alarmante. En Centroamérica y la República Dominicana, el número de feminicidios y muertes violentas de mujeres sigue creciendo, mientras la impunidad y la inoperancia de los sistemas judiciales facilitan este flagelo. En Honduras, el 96% de los casos de mujeres asesinadas siguen sin resolverse, lo que revela la falta de acción concreta por parte de las autoridades para garantizar justicia.
La falta de respuesta efectiva del gobierno de Xiomara Castro frente a la violencia machista ha sido fuertemente criticada por grupos feministas y organizaciones de derechos humanos. Las promesas de su administración de enfrentar la violencia de género y garantizar la seguridad de las mujeres parecen haberse quedado en palabras vacías. Aunque en sus primeros años de mandato hubo esfuerzos por visibilizar la problemática, la realidad es que el Estado continúa siendo cómplice de la violencia contra las mujeres, al no generar medidas efectivas que detengan la ola de asesinatos y agresiones.
El panorama en otros países de la región también es preocupante. En Guatemala, 576 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en 2024, un aumento del 15% respecto al año anterior. En Nicaragua, la cifra de muertes violentas de mujeres ascendió a 72, y en El Salvador, al menos 38 feminicidios fueron registrados por las organizaciones locales. Sin embargo, la región más afectada parece ser Honduras, donde la violencia machista ha alcanzado cifras alarmantes sin que el gobierno de Castro haya logrado implementar políticas públicas eficaces para contrarrestarla.
La impunidad prevalece en toda la región. En Guatemala, el 95% de las denuncias por violencia contra la mujer son desestimadas o se estancan en el sistema judicial, mientras que en Panamá, más del 80% de las denuncias por violencia doméstica y maltrato son archivadas. Esto refleja la total falta de operatividad en los sistemas judiciales y la indiferencia de los gobiernos frente al sufrimiento de las mujeres.
A pesar de la existencia de leyes que deberían proteger a las mujeres, como la Ley contra el Feminicidio en Honduras, estas no se implementan de manera efectiva. La presidenta Xiomara Castro ha sido incapaz de garantizar que estas leyes se apliquen de forma justa y que las mujeres se sientan protegidas por el sistema judicial. La falta de recursos, la corrupción y la ausencia de voluntad política son factores que permiten que las agresiones y asesinatos de mujeres continúen en aumento.
Es urgente que el gobierno de Xiomara Castro asuma su responsabilidad en la protección de las mujeres hondureñas. Las promesas de un gobierno inclusivo y progresista deben ser acompañadas de acciones reales y efectivas para erradicar la violencia machista. Solo así se podrá garantizar que las mujeres en Honduras vivan en un entorno seguro, sin miedo a ser víctimas de feminicidio o violencia de género.