En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, el Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate las 18 adendas a los contratos de energía eléctrica, un proceso que ha generado fuertes cuestionamientos por su falta de discusión y análisis detallado.
Con 56 votos a favor, que corresponden a la mitad más uno de los diputados presentes, la aprobación se dio en bloque, sin que se discutiera individualmente cada una de las renegociaciones. Este procedimiento ha sido criticado por diversos sectores, que denuncian que la falta de debate pone en riesgo la transparencia y efectividad de las medidas que, según el gobierno, buscarían aliviar la carga de los consumidores.
Las adendas fueron presentadas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como parte de un esfuerzo para reducir las tarifas eléctricas. El gobierno asegura que estas renegociaciones permitirán una reducción significativa en los precios de compra de energía a las empresas generadoras, lo que debería reflejarse en una baja en las facturas de los consumidores. Según el oficialismo, esta medida traerá beneficios por más de 2,295 millones de lempiras anuales para el Estado de Honduras, y un ahorro total de casi 30,000 millones de lempiras a lo largo de 18 años.
No obstante, la aprobación de las adendas sin un análisis exhaustivo ha generado desconfianza en expertos y legisladores de la oposición. Estos últimos habían solicitado que los contratos fueran revisados de manera individual, señalando que al menos seis de los 18 contratos contenían irregularidades que requerían un examen más detallado. A pesar de estas advertencias, el Congreso procedió a aprobar las adendas en bloque, sin dar espacio a una evaluación más profunda.
El diputado oficialista Jari Dixón defendió la decisión, asegurando que la aprobación de estas adendas traerá beneficios inmediatos a los consumidores. Sin embargo, diversos especialistas han expresado su preocupación, calificando estas renegociaciones como un «espejismo» que podría no generar los beneficios prometidos. En particular, el contrato con la empresa CECHSA ha sido denunciado ante el Ministerio Público por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que lo considera responsable de irregularidades que ya han impactado negativamente en las tarifas eléctricas.
La falta de un análisis individual de los contratos ha generado alarma tanto en el ámbito político como en el empresarial, pues algunos temen que estas modificaciones puedan terminar siendo una carga adicional para los consumidores en lugar de la prometida reducción de costos. El debate sobre la transparencia y la gestión de la energía eléctrica en Honduras sigue abierto, y la aprobación de estas adendas sin un proceso de revisión adecuado solo ha incrementado la desconfianza en el manejo de los recursos públicos.