La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes un análisis alarmante sobre el impacto del estado de excepción en Honduras, revelando que al cierre de 2024, un total de 304,388 hogares fueron víctimas de extorsión. Esta cifra refleja el fracaso de un mecanismo que, según la ASJ, continúa siendo aplicado de manera ilegal y sin resultados efectivos en la lucha contra este delito.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, destacó que de los 18 decretos ejecutivos emitidos en el marco del estado de excepción, solo uno cumplió con los requisitos constitucionales para su aplicación. El resto de estos decretos sigue en un estado de ilegalidad, lo que evidencia una profunda deficiencia en la implementación de esta medida de emergencia.
El Aumento de la Extorsión y la Ineficacia del Estado de Excepción
Desde su instauración en diciembre de 2022, el estado de excepción ha sido promovido como una herramienta para combatir la extorsión, pero las cifras muestran un panorama preocupante. Según el análisis, mientras se ejecutaron 43,010 allanamientos, 53,618 detenciones y se decomisaron miles de vehículos y motocicletas, la extorsión sigue afectando a un número creciente de hogares hondureños.
En 2022, 226,262 hogares fueron víctimas de extorsión; en 2023, la cifra aumentó a 286,533; y en 2024, llegó a 304,388. Este aumento es alarmante, sobre todo cuando se observa que, paralelamente, las sentencias condenatorias por extorsión han disminuido drásticamente. En 2022 se emitieron 105 condenas, en 2023 solo 66, y en 2024 apenas 8, lo que refleja una falta de respuesta judicial efectiva ante este crimen.
El Fracaso del Plan Antiextorsión
El Plan Antiextorsión, que forma parte de la estrategia del gobierno, también ha sido fuertemente criticado por la ASJ. Según un análisis de expertos, apenas cinco de las 30 acciones planteadas por el plan se han cumplido, lo que demuestra la falta de una verdadera voluntad política para abordar este problema de manera integral y coordinada. La ASJ sostiene que la medida, que fue pensada como temporal, ha estado vigente por más de dos años, perdiendo así su efectividad.
Ilegalidad y Abusos de Derechos Humanos
La ASJ también subraya que las medidas de estado de excepción no cumplieron con los procedimientos constitucionales establecidos, y en muchos casos no fueron ratificadas por el Congreso Nacional ni publicadas en La Gaceta. Esto significa que solo uno de los 18 decretos ejecutivos emitidos es legal, lo que pone en cuestión la legitimidad de las acciones adoptadas.
Además, el estado de excepción ha generado un retroceso en materia de derechos humanos, incrementando los riesgos de abusos por parte de las autoridades. La suspensión de derechos fundamentales ha permitido, entre otras cosas, que las fuerzas de seguridad ingresen a viviendas sin orden judicial y lleven a cabo detenciones arbitrarias. Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 798 quejas por vulneraciones de derechos en el marco del estado de excepción.
Recomendaciones de la ASJ
Frente a estos resultados, la ASJ insta al gobierno a replantear su enfoque contra la extorsión, sugiriendo ajustes en la ejecución del Plan Antiextorsión para lograr resultados concretos y disminuir el impacto negativo sobre la población. Además, recomienda una estrategia integral que involucre a la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero y la sociedad civil, garantizando al mismo tiempo el respeto de las garantías constitucionales.
Finalmente, la ASJ hace un llamado a revisar la vigencia del estado de excepción, ya que su extensión, especialmente en un año electoral, podría poner en riesgo la democracia y limitar libertades fundamentales como la de expresión y reunión, favoreciendo a ciertos sectores en detrimento de una participación política plural.