Lícida Zelaya Lobo, esposa del exjefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando a las autoridades del país de persecución política en contra de su esposo. Además, solicitó la extensión de medidas cautelares para su protección, argumentando que su detención es injusta y responde a un acto de venganza política por parte del gobierno actual.
Zelaya Lobo viajó a Washington, donde expuso su denuncia, enfatizando que la encarcelación de Vásquez Velásquez constituye una clara violación de sus derechos humanos y del debido proceso. Según ella, su esposo está siendo objeto de un juicio sin fundamento, que responde a una persecución política.
“Este acto es una venganza del régimen actual, que persigue al general en retiro Romeo Vásquez Velásquez bajo cargos que no tienen base legal, sino que se fundamentan en una motivación política”, afirmó Zelaya Lobo.
El general retirado enfrenta cargos por homicidio y lesiones graves relacionados con los incidentes ocurridos en 2009, durante las protestas en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, en las que dos jóvenes simpatizantes fueron muertos o resultaron heridos mientras esperaban al expresidente José Manuel Zelaya. Estos hechos han generado un proceso legal en su contra, que incluye un requerimiento fiscal del Ministerio Público.
A pesar de las acusaciones, Vásquez Velásquez se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de la resolución del caso. Es su esposa quien, a través de la denuncia ante la CIDH, ha solicitado que se tomen medidas cautelares para proteger tanto a él como a su familia ante la situación actual.
La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente. Fue creada en 1959 y tiene su sede en Washington, D.C. A través de su labor, la CIDH busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de los países miembros de la OEA.
Zelaya Lobo también hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga de cerca este caso, que considera un ejemplo claro de cómo el poder político en Honduras está utilizando el aparato judicial como herramienta de represión.