El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal contra tres exempleados del Congreso Nacional (CN), acusados de la sustracción y destrucción de documentos esenciales que habrían evidenciado irregularidades cometidas durante el período 2018-2022.
Los imputados en este caso son Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero del CN; Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa; y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del Departamento de Pagaduría. Los tres están siendo investigados por los delitos de sustracción, destrucción, ocultación e inutilización de documentos en custodia, así como daños a datos y sistemas informáticos, con el fin de encubrir actos irregulares en la administración del Poder Legislativo.
Según la investigación, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, los acusados sustrajeron documentos de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa del Congreso, trasladándolos a sus residencias particulares bajo el pretexto de protegerlos de la nueva administración entrante (2022-2026). Sin embargo, el verdadero objetivo era destruirlos, ya que estos contenían información clave sobre pagos y soportes contables y financieros, que podrían haber revelado graves irregularidades.
El análisis realizado por el MP concluyó que una parte de esta documentación fue destruida físicamente, incluso quemada en una propiedad vinculada al exdirector financiero, donde también se hallaron sellos y documentos relacionados con Casa Presidencial. Además, el informe forense indicó que varios discos duros fueron manipulados, formateados y reemplazados, y que se ordenó la transferencia de información a dispositivos externos como USBs. Los acusados también instalaron nuevos sistemas operativos en los equipos, con el fin de borrar datos financieros y dificultar cualquier futura investigación.
Este conjunto de acciones, tanto de destrucción material como digital, revela la gravedad de los delitos cometidos y subraya la intención deliberada de encubrir presuntas malas gestiones. «Es inaceptable que aquellos en quienes se deposita la confianza del pueblo utilicen sus cargos para destruir evidencia de su propia gestión corrupta», declaró el Ministerio Público en su pronunciamiento.
La UFERCO subrayó que esta doble maniobra tiene el propósito de obstruir la justicia y garantizar la impunidad de los exfuncionarios que gestionaron fondos en el Congreso Nacional durante ese período. «Los poderes del Estado deben tener claro que la acción penal será implacable frente a cualquier intento de repetir estas prácticas nefastas», agregó la Fiscalía, asegurando que se luchará con firmeza para evitar que casos de corrupción queden impunes. El requerimiento fiscal ahora será evaluado por los tribunales, mientras que la investigación continúa abierta para esclarecer todos los hechos y establecer responsabilidades.