Carlos Paz, director ejecutivo de Cáritas Honduras en la zona norte, expresó su profunda preocupación por la reciente decisión del gobierno de construir una cárcel de máxima seguridad en el sector de El Mocorón, en el departamento de Gracias a Dios. Paz alertó sobre los serios efectos que esta medida podría tener tanto sobre los privados de libertad como sobre sus familias, además de los posibles daños al medio ambiente.
El dirigente de Cáritas subrayó que, según los estándares internacionales, las personas privadas de libertad no pierden sus derechos humanos, y que el objetivo de la pena debe ser su rehabilitación y reinserción social. En este contexto, el acceso a la familia y la cercanía con el hogar juegan un papel crucial. «El desarraigo de los privados de libertad representa una violación a sus derechos, y con el cierre de los centros penitenciarios en San Pedro Sula y Cortés, ya hemos visto cómo las familias enfrentan dificultades económicas para visitarlos. En el caso de La Mosquitia, esta situación podría empeorar, ya que para muchas familias sería casi imposible viajar a una zona tan alejada», comentó Paz.
Además de los impactos sociales, Paz advirtió sobre las posibles consecuencias medioambientales que podría generar la construcción de la nueva cárcel en una región conocida por su alta biodiversidad y riqueza natural. «Es fundamental que se realicen evaluaciones exhaustivas sobre los efectos ambientales antes de tomar una decisión de esta magnitud», agregó.
Cáritas Honduras hizo un llamado a las autoridades competentes para que reconsideren la ubicación del centro penitenciario y busquen alternativas que respeten los derechos humanos de los privados de libertad y garanticen la protección del entorno natural. La organización instó a que se priorice el bienestar de las familias afectadas y se analicen las posibles repercusiones a largo plazo de este proyecto.