La gestión ineficiente del presupuesto en la Secretaría de Salud (Sesal) está teniendo un impacto negativo en la atención de los pacientes y en las condiciones laborales del personal de salud, además de debilitar la capacidad de respuesta de los hospitales y centros de salud públicos, según un informe presentado hoy por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional.
A pesar de que el Gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria en 2022 con el fin de agilizar la compra de medicamentos y garantizar el abastecimiento en el sistema público de salud, la Sesal redujo en octubre de este año 429 millones de lempiras del presupuesto destinado a la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales. Esta medida ha dejado el presupuesto vigente en 1,961 millones de lempiras, de los cuales el 43% (848 millones de lempiras) aún no ha sido ejecutado, según datos oficiales.
Esta falta de ejecución está limitando el acceso de los pacientes a medicamentos e insumos esenciales para recibir una atención médica adecuada. La población más vulnerable, en particular la más empobrecida, se ve gravemente afectada, ya que su única opción de atención es acudir a los centros de salud públicos, que ahora enfrentan escasez de recursos.
Una veeduría social realizada por ASJ en septiembre de este año reveló que el 36% de los pacientes del sistema público de salud no tienen ingresos mensuales, y el 29% dispone de un salario inferior a los 6,000 lempiras. En el mismo estudio, el 21% de los pacientes (aproximadamente 1.8 millones) reportaron recibir medicamentos incompletos o no recibir ninguno, mientras que el 22% (cerca de 1.9 millones) tuvo que pagar por los medicamentos en los centros de salud. Además, el 6% (alrededor de 534,000 personas) mencionó que compraron materiales médicos como gasas, jeringas y otros insumos para poder recibir un procedimiento.
El informe también destacó que el 59% del personal médico y de enfermería indicó no contar con todos los insumos necesarios para realizar su trabajo, y el 43% de ellos reconoció haber tenido que comprar insumos médicos de su propio bolsillo.
Ante estos hallazgos, la ASJ recomendó poner fin al estado de emergencia sanitaria y garantizar que la compra de medicamentos se realice a través de licitaciones públicas transparentes y oportunas. Además, instó a no reducir el presupuesto destinado a medicamentos y a mejorar la planificación y ejecución presupuestaria, ya que la falta de recursos y una gestión deficiente están vulnerando el derecho de la población hondureña a recibir atención médica gratuita y de calidad.