Honduras se ubica en el puesto 116 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2024, según el informe del World Justice Project (WJP), lo que pone de manifiesto la mediocridad del gobierno actual en la gestión de la justicia y el estado de derecho. Con una calificación general de 0.42 en una escala de 0 a 1, el país muestra solo una leve mejora de tres puntos respecto al año anterior.
A pesar de este pequeño avance, Honduras sigue siendo superada por Guatemala y El Salvador en el contexto latinoamericano. El analista político Lester Ramírez subrayó que este índice es crucial para la evaluación de acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio, de los cuales Honduras ha sido excluida.
En el desglose regional, el país ocupa el puesto 27 de 32, y en términos de ingresos, se posiciona en el 23 de 38. El WJP otorgó a Honduras una puntuación de 0.39 en el factor de restricciones a los poderes gubernamentales, situándolo en el puesto 111 a nivel mundial.
Uno de los aspectos más preocupantes es la puntuación de 0.32 en el factor de ausencia de corrupción, que coloca al país en la posición 119. En el sistema de justicia penal, la puntuación es aún más baja, con un alarmante 0.27 que lo sitúa en el puesto 132, evidenciando un reto significativo para las autoridades.
El informe recalca que un sistema de justicia penal efectivo es fundamental para el estado de derecho. Sin embargo, la evaluación revela que el sistema de investigación criminal es deficiente, y que los mecanismos para reducir la conducta delictiva y asegurar la imparcialidad son inadecuados.
La presencia de corrupción en el sistema penal es negativa, con evidencias de influencias gubernamentales indebidas que afectan el debido proceso. Además, los funcionarios públicos son evaluados con puntuaciones bajas por no utilizar su cargo para obtener beneficios privados, lo que resalta aún más la falta de integridad en la administración pública.
En conjunto, estos hallazgos no solo subrayan la mediocridad del gobierno hondureño, sino que también plantean serias dudas sobre su capacidad para abordar los problemas fundamentales que afectan el estado de derecho en el país.