El Ministerio Público (MP) de Honduras, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), ha presentado un nuevo requerimiento fiscal dirigido a exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y representantes de empresas de fachada. Estos individuos son acusados de haber sobrevalorado productos durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
Los artículos en cuestión incluyen percoladoras y otros insumos que no eran esenciales para hacer frente a la crisis sanitaria. A pesar de que el decreto ejecutivo PCM 005-2020 otorgaba a COPECO y otras instituciones la autoridad para gestionar recursos de manera efectiva, se alega que, en vez de adquirir insumos médicos prioritarios, se realizaron compras directas de productos innecesarios y sobrevalorados, en colusión con representantes de empresas ficticias.
El requerimiento señala a varios exfuncionarios, incluyendo a Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de COPECO; Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras; y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero, a quienes se les atribuyen responsabilidades por fraude y violación de deberes funcionales. También se menciona a Odalis Jazmín Martínez Maldonado, acusado de fraude y usurpación de funciones, junto con Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona, quienes enfrentan cargos de fraude.
Las investigaciones revelan que algunos imputados se hacían pasar por funcionarios de COPECO para llevar a cabo negociaciones fraudulentas con una empresa distribuidora. A través de un esquema diseñado para ocultar las irregularidades, las ventas eran facturadas a empresas de fachada, lo que permitió que COPECO pagara más de 12 millones de lempiras por productos que deberían haber costado cerca de siete millones. Esta diferencia de más de cinco millones representa un grave abuso de los recursos públicos, exacerbando la crisis que ya padecía la población hondureña.
El MP ha enfatizado que esta supuesta red de corrupción dentro de COPECO operó en medio de la crisis sanitaria, comprometiendo aún más la vida de cientos de hondureños.