La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar constitucional la Ley de Amnistía, conocida como la «Ley de Impunidad», ha generado una contundente reacción por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La organización considera que este fallo evidencia la captura del Poder Judicial por intereses políticos, favoreciendo a los corruptos y debilitando el sistema de justicia en Honduras.
El CNA señala que la resolución de la CSJ actúa como un mecanismo que legitima la corrupción en el país. Según su análisis, la amnistía beneficia a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales que están involucrados en actos de corrupción, permitiéndoles eludir responsabilidades penales y, en consecuencia, olvidar el daño causado.
La declaración del CNA destaca una preocupante tendencia de “justicia selectiva”, donde los intereses partidarios prevalecen sobre una justicia imparcial, afectando gravemente la independencia del Poder Judicial. Al proteger a quienes han incurrido en actos ilícitos, la CSJ, según el CNA, refuerza una cultura de impunidad que permea las instituciones.
Repercusiones para Honduras
El Consejo advierte que esta decisión tendrá serias consecuencias para el Estado hondureño, incluyendo un debilitamiento institucional y un aumento en la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial. La resolución también pone en riesgo la posible instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), un organismo vital en la lucha contra la corrupción.
Además, el CNA teme que el fallo contribuya a un incremento en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, intensificando las desigualdades sociales y limitando el desarrollo humano y económico del país.
Incompatibilidad con estándares internacionales
El CNA critica que la decisión de la CSJ no cumple con los estándares internacionales de acceso a la justicia ni con la protección de los derechos humanos, lo que coloca a Honduras en una situación de incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Según el CNA, al declarar constitucional el decreto 04-2022, se genera un conflicto entre la normativa interna y los principios de la CADH. Los delitos de corrupción incluidos en la amnistía son erróneamente clasificados como delitos políticos, lo que no solo exime de culpa a los exfuncionarios, sino que también establece un «chaleco de blindaje» que puede facilitar la repetición de estos actos.
Finalmente, el CNA hace un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad hondureña para que se mantengan alertas y denuncien cualquier intento de socavar la independencia del Poder Judicial en el país.