Fiscalía Especial de Derechos Humanos acusa a miembros de las FFAA y la Policía Nacional por violaciones a Derechos Humanos

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDDHH) ha presentado tres acusaciones formales contra miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y de la Policía Nacional, en el marco de un análisis exhaustivo sobre casos de violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por estos funcionarios.

El primer requerimiento fiscal involucra a Ángel Flores Reyes, quien el 15 de septiembre de 2020, durante una manifestación en el boulevard Morazán, disparó agua desde una tanqueta antimotines, causando lesiones en ambos ojos de un ciudadano. La víctima fue atendida en el Hospital Escuela, donde se le diagnosticó un trauma periocular bilateral, otorgándole una incapacidad de 14 días.

En un segundo caso, la Fiscalía ha acusado a Alfonso Puerto Galeas, excoronel de las FFAA; Ivón Lizeth Sibrián Mejía, teniente de navío; y Luis Rivera López, capitán de seguridad del Estado Mayor Conjunto. Estos funcionarios están señalados por la violación de los deberes de los funcionarios y amenazas, en un incidente ocurrido el 17 de octubre de 2019, cuando un teléfono móvil se extravió en el Comando de Operaciones C9. La ofendida denunció que fue hostigada por los acusados en las instalaciones militares mientras se investigaba la desaparición del dispositivo.

El tercer requerimiento fiscal se dirige contra Brayan Alvarenga Ordóñez, José Saul Rodríguez y Luis Alberto Burgos Paz, miembros de la Policía Nacional. Según la investigación, el 4 de marzo de 2023, un ciudadano fue agredido por Alvarenga tras grabar el ingreso de la patrulla PN-020 en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Se alega que Alvarenga, tras golpear a la víctima, hizo uso de su arma de reglamento y disparó, un tiro que rebotó y casi impacta a otra empleada presente en el lugar.

La presentación de estas acusaciones resalta la labor de la FEDDHH en la defensa de los derechos humanos y la necesidad de rendición de cuentas entre las fuerzas de seguridad en Honduras. Las autoridades seguirán investigando estos casos para garantizar que se haga justicia.

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