El diputado Jari Dixon presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los funcionarios responsables de la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), solicitando que sean juzgados por el delito de traición a la patria. En su declaración, Dixon enfatizó la necesidad de obtener una copia certificada de la sesión en la que se aprobaron las ZEDEs, asegurando que los investigados sean efectivamente los que votaron a favor de esta controversial medida.
El delito de traición a la patria conlleva penas de entre 15 y 20 años de prisión. Además, los legisladores condenados enfrentarían una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 40 años, es decir, el doble de la duración de su condena. Esta disposición se encuentra estipulada en el artículo 555 del Código Penal, dentro del capítulo dedicado a los “Delitos contra la Nación”.
Dixon fue contundente en su acusación: “No tienen ningún argumento; traicionaron a la patria y deben rendir cuentas por asumir funciones de diputados en una asamblea nacional constituyente”. Según el artículo 55 del Código Penal, cualquier acción que comprometa la integridad territorial del país o atente contra su soberanía está sujeta a severas sanciones.