La exfiscal Nilia Ramos enfrenta una situación de alto riesgo para su seguridad, reveló este martes su abogado, Fernando González. La abogada, quien trabajó en el Ministerio Público de 2007 a 2015, ha sido citada a comparecer ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) debido a sus recientes declaraciones sobre el expresidente Manuel Zelaya y sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Ramos compareció hoy ante la ATIC para abordar los señalamientos que hizo el pasado 3 de septiembre, en los que afirmó que Zelaya había sido incluido en un expediente hace 15 años por supuestos vínculos con grupos criminales. En su relato, la exfiscal explicó que, durante su tiempo en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, bajo la dirección de José Mario Salgado Montalván, el expediente relacionado con el dinero de Los Cachiros y su posible vínculo con figuras políticas era supervisado por el general Arístides González en la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
“Desconozco si ese dinero fue destinado para el nombramiento del señor Midence Oquelí como ministro de Seguridad, pero en el expediente se investigaba el dinero que ingresó a las arcas de los Zelaya. No sé quién de ellos lo recibió, si don Carlos Zelaya o Manuel Zelaya,” comentó Ramos en su declaración.
Tras su comparecencia ante la ATIC, Ramos salió por la parte trasera del edificio y se le aconsejó no seguir brindando entrevistas a los medios de comunicación. Fernando González, quien acompañó a Ramos, subrayó la urgencia de garantizar su seguridad y no descartó la posibilidad de solicitar asilo político si no se pueden asegurar sus condiciones de protección en el país.
González también mencionó que el expediente elaborado en 2009, que involucra a altos funcionarios del actual gobierno, existió pero su paradero es desconocido. Advirtió que la instrumentalización del Ministerio Público, el cual según la Constitución debe representar los intereses de la sociedad, podría tener graves consecuencias.
“La seguridad de Nilia Ramos es primordial. Si no podemos garantizar su protección aquí, consideraremos pedir asilo político. No podemos permitir que se instrumentalice el Ministerio Público,” enfatizó González.