El comisionado en retiro Danilo Orellana ha hecho declaraciones explosivas que podrían tener profundas implicaciones para la familia Zelaya Rosales. Según Orellana, Midence Oquelí y los hermanos Rivera Maradiaga poseen información clave que compromete directamente a la familia presidencial.
Orellana aseguró que estos individuos recibieron grandes sumas de dinero para mantener esta información en secreto. Recordó que en 2011, el entonces presidente de EE. UU., Barack Obama, identificó a Los Cachiros como el grupo criminal más poderoso de la región. “Ya sabía quiénes eran,” comentó Orellana, quien también destacó que en 2012, la Administración para el Control de Drogas (DEA) envió agentes para interceptar a Los Cachiros, quienes comenzaron a sostener numerosas reuniones a partir de 2013.
El comisionado en retiro subrayó que la información en manos de los implicados es extensa y que muchos políticos están involucrados. También mencionó un incidente durante el gobierno de Manuel Zelaya, en el cual un avión tripulado por dos pilotos mexicanos se estrelló. Según Orellana, estos pilotos tenían información crucial sobre el narcotráfico en Honduras.
Orellana destacó que Midence Oquelí, primo de Los Cachiros, está actualmente en juicio y ha comenzado a implicar a otras personas en sus declaraciones. Además, criticó la reciente decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, sugiriendo que podría ser un intento de proteger a la familia Zelaya.
El excomisionado también reveló que los hermanos Rivera Maradiaga habrían enviado medio millón de dólares para asegurar que Manuel Zelaya nombrara a Midence Oquelí Martínez como viceministro de Seguridad. Orellana también afirmó que el expresidente Juan Orlando Hernández promovió su reelección a pesar de saber que enfrentaba problemas con la justicia estadounidense.
Orellana fue contundente al afirmar que el actual gobierno de Xiomara Castro estaría dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder, acusando a la administración de estar involucrada en actividades de narcotráfico. Estas declaraciones intensifican la controversia sobre el presunto involucramiento de altos funcionarios en actividades ilícitas, en un contexto de creciente tensión entre el gobierno hondureño y Estados Unidos debido a la denuncia del tratado de extradición.