En un contexto económico cada vez más complicado, el gobierno de Xiomara Castro ha formalizado nuevos compromisos financieros que incrementan significativamente la deuda externa del país. El lunes pasado, durante una reunión con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF), se confirmó la adjudicación de préstamos por un total de 350 millones de dólares. Este monto se suma a los 1,200 millones de dólares en créditos externos ya contratados por el gobierno en lo que va del año.
La administración Castro ha impulsado una política de expansión de fuentes de financiamiento, en parte para fomentar el desarrollo infraestructural y social del país. Los 350 millones de dólares recientemente confirmados por el CAF se distribuyen en varios proyectos: 160 millones para la carretera San Pedro Sula-Occidente, 80 millones para un programa de género, 70 millones para inversiones públicas, y 40 millones para el sector cafetalero.
A pesar de esta aparente diversificación en los fondos externos, la administración no ha reducido su dependencia de los tradicionales prestamistas internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) siguen siendo actores claves en la financiación de proyectos gubernamentales. Además, la presidenta Castro ha gestionado la adhesión al Banco de Desarrollo de los BRICS, una estrategia que subraya su búsqueda de nuevas fuentes de crédito.
El Congreso Nacional de Honduras también ha contribuido al aumento de la deuda externa con la aprobación de préstamos por un total de 867 millones de dólares en febrero de este año. Entre estos se incluyen un préstamo de 606.8 millones de dólares del BCIE para un programa de carreteras, y otros 260 millones en varios préstamos destinados a la modernización de la policía, el apoyo al censo de población y vivienda, y la construcción de hospitales.
Con una suma total de más de 1,200 millones de dólares en nuevos créditos aprobados solo en 2024, el gobierno de Castro parece priorizar la expansión de proyectos sin una estrategia clara para asegurar la sostenibilidad financiera del país. Mientras que los préstamos pueden ofrecer soluciones a corto plazo para necesidades urgentes, la acumulación de deuda plantea serias interrogantes sobre el futuro económico de Honduras. La administración de Castro, al aumentar significativamente el endeudamiento, podría estar comprometiendo la estabilidad económica a largo plazo, arriesgando que futuras generaciones enfrenten un peso financiero aún mayor.
La creciente carga de deuda externa, junto con la expansión de la participación en instituciones financieras internacionales, indica una estrategia que, aunque orientada a la inversión y el desarrollo, podría tener repercusiones profundas y duraderas en la economía del país. La gestión financiera y el manejo prudente de la deuda deben ser una prioridad para evitar que Honduras se convierta en una víctima de su propio endeudamiento.