El precandidato presidencial liberal Jorge Cálix presentó graves acusaciones contra el Poder Judicial, liderado por la presidenta Rebeca Ráquel Obando. Según Cálix, existe una manipulación sistemática de expedientes y una preocupante injerencia familiar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Cálix reveló que el hijo y el yerno de Obando, Rafael Melara y Guillermo Noriega, respectivamente, tienen acceso a los plenos de la CSJ junto a los 14 magistrados, lo que genera serias dudas sobre la independencia del órgano judicial. Además, el precandidato señaló que el juez detenido Marco Antonio Vallecillo enfrenta peligro debido a la información sensible que posee, la cual podría incriminar a otras personas. Vallecillo también ha denunciado la eliminación de pruebas cruciales desde su celular.
El precandidato criticó duramente a Obando por admitir que su hijo trabaja como asistente ad-honoren, cuestionando su fuente de ingresos. Además, destacó que los nombramientos de jueces y otros cargos están ocurriendo sin los concursos adecuados, lo que debilita la calidad del sistema judicial.
Cálix también hizo hincapié en que la situación actual en el Poder Judicial es peor que en administraciones anteriores, como la del expresidente Juan Orlando Hernández. Acusó al gobierno de utilizar la justicia para intimidar y perseguir a adversarios políticos, asemejando la situación a la de países como Venezuela y Nicaragua.
El precandidato liberal descalificó a Obando como titular de la CSJ, argumentando que su único mérito es su vínculo familiar con la presidenta Xiomara Castro. Criticó su falta de experiencia y antecedentes profesionales, y acusó al gobierno de proteger a sus miembros corruptos. Entre las acusaciones también se incluye la pérdida de expedientes vinculados a familiares de Obando, como Noriega y Ramón Matta Waldurraga, y la falta de participación del Ministerio Público en la reconstrucción de estos documentos. La denuncia de Cálix pone en evidencia un posible conflicto de intereses y una corrupción sistémica en el Poder Judicial, subrayando una crisis de confianza en la administración de justicia en Honduras.