El fiscal general de la República, Johel Zelaya, ha generado controversia tras su reciente reunión con Fernando José Suárez, un delincuente extraditado implicado en el caso de corrupción conocido como “Caso Pandora”. Según Zelaya, Suárez ofreció nueva información sobre su participación en el esquema que desvió 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Zelaya ha asegurado que Suárez se mostró dispuesto a colaborar con el Ministerio Público y que esta disposición permitirá abrir nuevas líneas de investigación. No obstante, la decisión de reunirse con un imputado de esta índole enciende las alarmas en cuanto a cuál sería su verdadera intención. Se analiza que la reunión podría ser parte de una estrategia para presionar a políticos opositores o para negociar beneficios para Suárez a cambio de su cooperación.
“Hemos tenido una extensa reunión con el señor Fernando Suárez y con su defensa”, indicó Zelaya. “Estamos motivados porque ha sido muy abierto. Con la información proporcionada, vamos a emprender nuevas líneas de investigación”. Sin embargo, la decisión de dialogar directamente con un individuo con antecedentes penales plantea serias dudas sobre la integridad del proceso y la posible manipulación de la investigación.
Además, Zelaya destacó que el Ministerio Público está comprometido en recibir información de testigos que temen no recibir protección adecuada. “Queremos enviar un mensaje claro a todos los hondureños”, afirmó Zelaya, subrayando la disposición de la Fiscalía para escuchar a los testigos y ofrecerles beneficios legales. No obstante, la estrategia de ofrecer beneficios a un delincuente ya implicado en casos de corrupción podría socavar la confianza pública en el sistema judicial.
La decisión de Zelaya de mantener reuniones privadas con imputados y su enfoque en abrir nuevas líneas de investigación a partir de información proporcionada por Suárez suscita preocupación sobre la posible influencia y presión en el ámbito político. En un contexto donde la transparencia y la imparcialidad son cruciales, el fiscal general debe abordar las críticas y asegurar que sus acciones no perjudiquen la credibilidad de las investigaciones en curso.
La Fiscalía ha anunciado que se emitirán nuevos requerimientos fiscales contra los involucrados en el caso, pero el manejo de la información y las decisiones estratégicas siguen siendo objeto de escrutinio público.