Las denuncias sobre la construcción de una residencia, considerada más como un palacio por parte de Hilda Hernández, quien se desempeña como Ministra de Estrategia y Comunicación del Gobierno de su hermano, Juan Orlando Hernández, a un año de haber asumido el poder de la nación, deja muchas dudas en el trabajo que realizan los operadores de justicias en Honduras, quienes con su actitud indiferente demuestran el temor a enfrentarse a los círculos de poder que rodean al mandatario.
El palacio construido en una zona de alta plusvalía, en un terreno de aproximadamente manzana y media, entregado por la alcaldía municipal de Comayagua tiene un costo estimado de 50 millones de lempiras, cantidad que despierta suspicacia, cuando apenas hace un año, Hilda Hernández, asume el cargo junto a su hermano, devengando un sueldo, que de acuerdo al nivel de vida, se vuelve imposible creerlo.
En otros países, casos como este no pasan desapercibidos, ni por la prensa, ni por el pueblo ni por los operadores de justicia y para esto, basta con echar una ojeada a lo sucedido en México con el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y otros familiares que han sido señalados de utilizar el poder para comprar activos y acusados sin tregua, no solo por los medios locales y nacionales, sino también por la prensa extranjera, como lo destaca el diario financiero estadounidense, Wall Street Journal, al denunciar la compra de una casa en Ixtapan, a unos 120 kilómetros de la capital mexicana, con un valor de 372 mil dólares.
Los medios de comunicación no quitan el dedo de la llaga y esta actitud ha obligado a los órganos contralores y operadores de justicia mexicanos establecer investigaciones para determinar la procedencia de los fondos y el uso de influencias de los allegados al poder de Peña Nieto.
Mientras eso sucede en México, donde la corrupción hace “tambalear” la administración Nieto, en Honduras, los operadores de justicia se llaman al silencio y piden se presentan las pruebas para proceder, tratando de desconocer su responsabilidad de actuar de oficio contra un funcionario, por la simple presunción de utilizar recursos públicos para su beneficio personal y manipular influencias a su favor.
El Palacio de Hilda, es uno más de los casos de corrupción que se registran en la presente administración, sin que los operadores de justicia, por miedo a ser “removidos” de sus cargos, se llaman al silencio y de manera servil, dejan que el tiempo pase, para que manera astuta, los señalados y este caso, Hilda Hernández, legalice documentación que le permita limpiar su nombre los tribunales, a sabiendas que el pueblo jamás olvida y tarde o temprano pasa la factura.
Aquí la nota de BBC sobre el nuevo escándalo de Enrique Peña Nieto