La Ruta 7 de San Pedro Sula está paralizada luego de que antisociales sometieran a un conductor y tirotearan su unidad, como medida de presión para que los transportistas paguen el “impuesto de guerra”.
En medio de un operativo antiextorsión, las estructuras criminales lograron imponer su presencia y obligaron a los conductores a detener sus actividades en esta importante vía de la ciudad industrial.
A pesar de los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público y los Cuerpos de Seguridad, los extorsionadores continúan sembrando terror en la población, mostrando una capacidad para evadir los controles y perpetrar sus actividades ilícitas.
La ciudadanía, consternada por esta situación, exige a las autoridades redoblar esfuerzos en la lucha contra la extorsión. Aunque se han anunciado múltiples mecanismos y operativos, los delincuentes persisten en sus acciones, afectando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.
Los líderes del transporte público han denunciado que durante la Semana Santa, solo en esa época, pagaron la cifra de 50 millones de lempiras a las estructuras criminales como resultado del cobro de extorsión, evidenciando el impacto económico y social de esta problemática en la sociedad hondureña.