El operativo en el centro penitenciario considerado de máxima seguridad es liderado por la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno por los conflictos violentos registrados en varias cárceles del país.
«El desarme, bloqueos de comunicación y otras estrategias comenzaron ya», anunció en Twitter la subsecretaria de Seguridad y presidenta de la Comisión Interventora del INP, Julissa Villanueva.
Villanueva había anunciado que el desarme de los reclusos es una de las primeras 10 medidas que implementarán con el objetivo de recuperar la gobernanza de los centros penitenciarios.
La intervención carcelaria fue ordenada en abril de 2023 por la presidenta Xiomara Castro, después que se registraran hechos violentos simultáneos en cuatro cárceles de máxima seguridad, provocados, según autoridades penitenciarias, entre miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13 y de la pandilla Barrio 18.
Los actos de violencia, con un saldo de un muerto y más de 12 heridos se reportaron el 8 de abril en la cárcel de El Pozo, de Ilama Santa Bárbara (occidente); en La Tolva, de Morocelí, El Paraíso (oriente); en Siria, de El Porvenir, y en Támara, Francisco Morazán.