El Ministerio Público obtuvo tres condenas de extinción de dominio de bienes de origen ilícito ligados a maras y pandillas.
Se trata de vehículos que tanto la mara MS-13 como la pandilla 18 empleaban para cobrar extorsión a propietarios de negocios de diferentes rubros en la capital de la República, los cuales le fueron decomisados y sobre ellos posteriormente se dio un proceso de declaratoria de abandono.
Los automotores, que a partir de ahora la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) traspasará al Estado, son: un Ford Escape con placa HAZ-3849 año 2015, un Toyota Tacoma con placa HAE-5404 año 2003 y un Hyundai Tucson con placa PDG3281 año 2012.
Las operaciones mediante las cuales en el año anterior se llevaron a cabo arrestos e imputaciones por extorsión y los decomisos de los carros en los que se conducían los recolectores del “impuesto de guerra”, se coordinaron con miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
La fundamentación jurídica en la que basó la Fiscalía su planteamiento y sobre la que emitió fallo el juzgado de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito corresponde a al artículo 11-A de la Ley sobre Privación de Dominio que establece que “Transcurridos treinta días de la comunicación a la que se refiere el artículo 35 de esta Ley, sin que ninguna persona haya reclamado la devolución de los bienes, productos o instrumentos incautados acreditándose ser su poseedor legítimo, la OABI con la aprobación del órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público en su caso, publicará por una sola vez en un diario escrito de circulación nacional el aviso de la incautación de dichos bienes, productos o instrumentos, con la advertencia de que si dentro del término de treinta días no se presentare ninguna persona reclamando su devolución y acreditando ser su propietaria, el órgano competente a petición de la OABI, lo declararán en situación de abandono».