Para la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, advirtió que las consecuencias y los impactos económicos y financieros de estas demandas pueden ser grandes.
«El Estado de Honduras se podría ver condenado a pagar y resarcir daños y perjuicios por enormes cantidades de dinero, el cual al final lo vamos a terminar pagando todos los hondureños», señaló Díaz.
Al mismo tiempo, agregó que estas demandas internacionales también afectan la imagen del país para la atracción de inversiones por el irrespeto a la leyes vigentes.
«Afecta la imagen de nuestro país para la atracción de otras inversiones, tanto a nivel nacional e internacional. Definitivamente es necesario que se le ponga atención a mandar un mensaje de que en Honduras se respeta la legislación nacional vigente», manifestó.
Las últimas tres demandas fueron interpuestas por las siguientes compañías:
- Honduras Próspera Inc., St. John´s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC
- JLL Capital, S.A.P.I. de C.V
- Autopistas del Atlántico, S.A. de C.V. and others
Estas demandas han sido interpuestas ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI), argumentando incumplimientos de lo establecido en los contratos y de perderlas a Honduras le podría costar cerca de los 18 mil millones de dólares.