El antejuicio es contra la jueza de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, sospechosa del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.
Al respecto, la Fiscalía detalló que esto se relaciona a la condena contra el Estado de Honduras que le obligaba a pagar más de 51 millones de dólares (arriba de 1,200 millones de lempiras) por la «resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc. y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)».
Sin embargo, el reconocimiento de ese mismo fallo lo denegó la CSJ en una sentencia del 7 de agosto de 2013 al considerar que era contrario al orden público y violentó los procedimientos de arbitraje del ordenamiento jurídico interno.
A pesar de esto, el 3 de diciembre de 2019 la jueza Miranda Hernández reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional provocando el embargo de cuentas del Estado de Honduras, acción que deja -hasta la fecha- un perjuicio de L381 millones por el pago de demanda.
Asimismo, la funcionaria argumentó que el país actuó dolosamente al pago de la deuda y lo condenó por L 42 millones adicionales por «concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha».